En el marco de un escenario de recesión y disminución de los ingresos fiscales, el Poder Ejecutivo Nacional busca profundizar el recorte sobre la planta de personal del Estado. La planificación liderada por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, prevé avanzar en lo inmediato con una nueva ola de cesantías que alcanzará a 6.000 trabajadores de la administración pública.
La iniciativa forma parte de un programa de austeridad general cuyo objetivo para el término de 2026 consiste en recortar aproximadamente el 10% de la planta global del sector público nacional, lo que abarca tanto a la estructura centralizada como a las firmas y sociedades estatales. De concretarse las proyecciones del ministerio, el acumulado de despidos ascenderá a 27.000 para fin de año.
Las dependencias bajo la lupa oficial:
A diferencia de las fases previas del ajuste gubernamental, donde las bajas de contratos se concentraron en los ministerios y la administración central, esta nueva etapa estará dirigida fundamentalmente a los organismos descentralizados. Aunque desde la Casa Rosada no se oficializaron los cupos por dependencia, trascendió que el achicamiento afectará a sectores clave de la ciencia, el desarrollo productivo, la regulación de servicios y la previsión social.
Entre las entidades sujetas a revisión de personal se destacan:
Investigación y Estadística: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Desarrollo Tecnológico y Agropecuario: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Previsión y Regulación: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y los entes reguladores de servicios públicos (ENRE y Enargas).
Argumentos oficiales y resistencia gremial
Desde el sector gubernamental justifican la severidad de las medidas ante la urgencia de contrarrestar la merma en la recaudación impositiva y consolidar el superávit de las cuentas fiscales, priorizando la reducción del tamaño del aparato estatal.
Por el contrario, las representaciones sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestaron su rechazo a la iniciativa. Los gremios alertaron que un recorte de tal magnitud sobre una base inicial de más de 278.000 empleados registrados a comienzos de año no solo profundizará la vulnerabilidad laboral, sino que desmantelará facultades operativas de control y fiscalización en áreas estratégicas del país.
