A casi medio año de la sanción de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802) en febrero de este año, un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma sostuvo que la normativa no logró cumplir con sus objetivos declarados de promover el trabajo formal.

Por el contrario, el relevamiento concluyó que la aplicación de la norma aceleró la destrucción de empleo asalariado registrado y profundizó la precarización, favoreciendo el crecimiento de la ocupación informal y el trabajo por cuenta propia.

De acuerdo con las cifras presentadas por la entidad técnica, únicamente en los primeros dos meses de vigencia de la nueva legislación se registró la pérdida de 19.827 puestos de trabajo en el sector privado registrado. El reporte comparó este impacto con la trayectoria de la previa Ley Bases, señalando que en los dos años posteriores a la sanción de esta última se perdieron 102.673 empleos formales. Además, se remarcó que el salario real en el sector formal se mantiene estancado en niveles históricamente deprimidos, situándose por debajo de los valores registrados hacia fines de 2023.

El impacto en la industria y el frente paritario

El análisis del IEF identificó a la industria manufacturera como el sector más castigado dentro de la estructura productiva, acumulando una contracción superior a los 60.000 puestos de trabajo en la comparación sectorial. Desde el sector gremial empresarial y sindical atribuyeron este comportamiento a la caída del consumo masivo —derivada de la pérdida del poder adquisitivo— combinada con la apertura de importaciones, factores que restan efectividad a cualquier incentivo normativo de flexibilidad laboral.

En paralelo, el informe abordó las tensiones generadas por la inclusión de la actividad educativa dentro de la categoría de servicios esenciales, medida que exige el mantenimiento de guardias mínimas e interpone límites a las medidas de fuerza docentes. Respecto de la resistencia sindical, se destacaron las estrategias de judicialización e intervención en las paritarias:

Estrategia en convenios colectivos: Frente a la revisión masiva de acuerdos colectivos impulsada por la Secretaría de Trabajo, organizaciones como la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordaron con las cámaras patronales ratificar la vigencia de sus convenios y preservar los mecanismos de financiamiento sindical mediante cuotas solidarias.

Resoluciones judiciales: Si bien los cuestionamientos de fondo a la ley por parte de las centrales obreras pasaron a tramitar en el fuero contencioso administrativo, en el ámbito de los reclamos individuales diversos juzgados laborales declararon inconstitucionales artículos específicos, tales como la facultad de abonar sentencias judiciales en hasta 12 cuotas y los topes aplicados a las tasas de interés de créditos laborales.