La iniciativa, presentada por el concejal César Omar Pérez (La Libertad Avanza), tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante. Propone fomentar la libertad contractual, brindar asesoramiento gratuito y optimizar el mercado inmobiliario local sin la creación de nuevas estructuras burocráticas.

Este jueves, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cutral Co, ingresará formalmente para tomar estado parlamentario un proyecto de ordenanza impulsado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, el concejal César Omar Pérez. La iniciativa propone la adhesión del municipio a los principios y disposiciones del régimen nacional vigente aplicable a los contratos de locación de inmuebles, en sintonía con las normativas del Código Civil y Comercial de la Nación y la desregulación de los contratos de alquiler.
Ejes centrales de la propuesta

De acuerdo con el texto elevado al cuerpo legislativo, el proyecto tiene como principios rectores el respeto a la libertad contractual de las partes, la propiedad privada, la seguridad jurídica, la transparencia y la reducción de barreras administrativas para facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad.

Entre los puntos más destacados de la ordenanza se encuentran:

Servicio Municipal de Información sobre Alquileres: Se prevé que el Departamento Ejecutivo implemente un área destinada a brindar información pública y gratuita —tanto de manera presencial como a través de la web oficial— orientada a detallar la normativa nacional vigente, los derechos y obligaciones de locadores y locatarios, modalidades contractuales permitidas, mecanismos de actualización, formas de pago y garantías. No obstante, se aclara que este servicio tendrá un carácter estrictamente informativo y orientativo, sin intervenir en la negociación o ejecución de los contratos privados.

Registro Municipal Voluntario de Inmuebles: Se crea un registro de carácter gratuito, optativo y sin fines de recaudación, diseñado exclusivamente para facilitar el punto de encuentro entre propietarios y potenciales inquilinos. La norma especifica que la incorporación de inmuebles no generará tasas, derechos ni contribuciones municipales de ningún tipo, ni implicará intervención estatal sobre las condiciones económicas de los acuerdos.

Respeto a la legislación federal y limitación de la burocracia: El articulado establece expresamente que el Municipio no podrá fijar requisitos, plazos, monedas de pago, fórmulas de actualización o garantías incompatibles con la legislación nacional. Asimismo, se estipula que su implementación se llevará adelante utilizando la estructura administrativa y los recursos humanos ya existentes, sin la creación de cargos permanentes ni nuevas estructuras burocráticas.

Articulación y convenios: Se faculta al Ejecutivo a celebrar acuerdos de cooperación con inmobiliarias, corredores matriculados, cámaras empresariales y asociaciones de inquilinos para mejorar la difusión de información y propiciar herramientas de prevención y resolución alternativa de conflictos.

Fundamentos del proyecto

En los fundamentos de la iniciativa, el edil remarca que el acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos que afrontan las familias locales. En este sentido, sostiene que el rol del municipio debe enmarcarse en la subsidiariedad y la desburocratización, evitando superponerse a las normativas de derecho privado que competen a la Nación tras la derogación de la antigua ley de alquileres.

Bajo una perspectiva de libertad económica y de fomento del arraigo vecinal, el proyecto busca incentivar que los propietarios vuelquen más inmuebles al mercado locativo mediante la reducción de costos de transacción y la eliminación de trabas que desincentiven la oferta, todo ello dentro del marco de las competencias conferidas por la Carta Orgánica Municipal.