La madrugada en el Barrio 18 de San Martín se vio interrumpida por un episodio de violencia extrema que transformó a los vecinos en testigos y protagonistas de una tragedia evitable. Cerca de las seis de la mañana, los pedidos de auxilio que emanaban de una de las viviendas del complejo habitacional forzaron a los residentes a intervenir por cuenta propia, derribando la puerta en un intento desesperado por salvar una vida.

En el interior, la escena confirmaba los peores temores: Juan Ramón Díaz, un trabajador de panadería de 42 años, atacaba con un arma blanca a su pareja, Daniela Alejandra Gasis. A pesar de la rápida reacción de quienes ingresaron a la propiedad y lograron reducir al agresor, las heridas sufridas por la mujer en el torso y las extremidades resultaron fatales. Gasis falleció poco después de ingresar al Hospital Castex, dejando tras de sí una comunidad conmocionada por la brutalidad del hecho.

El caso, que ya se tramita bajo la carátula de femicidio en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, pone de manifiesto una realidad alarmante sobre los sistemas de prevención. Aunque en los registros judiciales no figuraban denuncias previas ni medidas de restricción vigentes entre la pareja, el entorno familiar de la víctima reconoció la existencia de episodios de violencia anteriores que nunca llegaron a formalizarse ante la ley.

Tras el arresto, efectuado inicialmente por los propios vecinos y luego por personal policial que patrullaba las inmediaciones, el sospechoso optó por el silencio ante el fiscal Daniel Cangelosi. Mientras la justicia avanza con las pericias y la autopsia de rigor, el episodio queda como un crudo recordatorio de que la falta de antecedentes administrativos no siempre refleja la ausencia de peligro real en el ámbito privado.