Una investigación por estafa digital derivó en el arresto de un hombre de 67 años y una mujer de 65 en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tras un procedimiento de allanamiento ordenado por la Justicia, las fuerzas de seguridad incautaron computadoras y teléfonos celulares que habrían sido utilizados para vulnerar las cuentas de una anciana, tramitar decenas de créditos y vaciar sus haberes previsionales.

El operativo domiciliario fue ejecutado por los agentes del Grupo Operativo de Los Toldos y la DDI de Junín. En la propiedad de los acusados se secuestraron una computadora de escritorio, una notebook y dos dispositivos móviles, elementos que serán sometidos a peritajes tecnológicos para rastrear las direcciones IP y el flujo de los fondos. Los imputados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Junín bajo la carátula de defraudación informática.

El origen de la maniobra y la alerta en el banco

La pesquisa penal se inició formalmente el pasado 4 de mayo, pocos días después de que quedara al descubierto el perjuicio económico. El 30 de abril, la hija de la damnificada —una mujer de 71 años que ejerce el rol de apoderada legal de su madre— se dirigió a una sucursal del Banco Provincia para percibir la jubilación correspondiente. Al intentar retirar el efectivo, la ventanilla le informó que el saldo disponible se encontraba en cero.

Ante la anomalía, la apoderada requirió un extracto pormenorizado en el área de atención al cliente de la entidad bancaria. El informe reveló que la cuenta registraba 42 descuentos automáticos vinculados a préstamos personales de asignación inmediata. De acuerdo con el reporte de la institución, los movimientos financieros se ejecutaron a través de la plataforma virtual Banca Internet Provincia (BIP), un canal digital que los sospechosos lograron activar y controlar de manera remota sin el consentimiento de la titular, logrando sustraer una suma superior a los 426 mil pesos.

El análisis de las cámaras y la cercanía de los sospechosos

La resolución del caso se aceleró mediante el cruce de datos informáticos y el relevamiento territorial. Las brigadas policiales recolectaron y examinaron las filmaciones de diversos dispositivos de seguridad, tanto del monitoreo público de la vía pública como de comercios y propiedades privadas de las inmediaciones.

El rastreo fílmico y digital arrojó un dato que causó consternación familiar: las transacciones y los cobros eran realizados por personas del círculo geográfico inmediato de la víctima. Los presuntos autores del fraude digital resultaron ser un matrimonio que residía a apenas una vivienda de distancia de la casa de la anciana damnificada, valiéndose de esa cercanía y confianza para obtener las credenciales confidenciales de la cuenta.