La causa judicial iniciada por dos hermanas mellizas de 20 años contra siete efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura sumó nuevas pruebas audiovisuales que fueron incorporadas al expediente. La querella aportó grabaciones realizadas por un testigo y registros captados por una cámara de seguridad privada vecinal, los cuales documentaron el inicio del operativo de aprehensión ocurrido el pasado 20 de julio a la salida del boliche Misa.
Las imágenes muestran el nivel de tensión registrado durante el procedimiento en la vía pública, con insultos y forcejeos entre los uniformados y el grupo de jóvenes. En las grabaciones se observa a una de las chicas retenida en el suelo por agentes policiales, mientras los testigos solicitaban que las soltaran debido a los golpes recibidos. Según denunció la madre de las víctimas, una de sus hijas sufrió un fuerte impacto en la cabeza contra el cordón de la vereda, desplomándose mientras solicitaba asistencia médica.
Excusación de la fiscalía y denuncias por violencia institucional
En el plano judicial, la fiscalía local de Villa La Angostura se excusó formalmente de continuar al frente de la investigación para garantizar la imparcialidad de las actuaciones, argumentando la relación de trabajo cotidiano con el personal policial imputado. Tras esta decisión, el caso fue derivado a los tribunales de San Martín de los Andes para la asignación de un nuevo fiscal encargada de impulsar la formulación de cargos.
Cargos y calificación legal: La abogada querellante, Lorena Miani, sostuvo que la causa se enmarca en un caso de violencia institucional, apremios ilegales y vejaciones, señalando a siete policías y al menos cinco operarios por su participación en los hechos.
Prueba médica y testimonios: La representación de las víctimas ratificó que las atenciones brindadas en el hospital local quedaron documentadas con constancias clínicas que tipifican lo ocurrido como presunta violencia institucional.
Denuncia por hechos en la comisaría: La querella remarcó que los abusos más graves habrían continuado dentro del área de calabozos de la unidad policial, un sector que carece de cámaras de videovigilancia, donde la madre de las jóvenes declaró haber presenciado tratos inhumanos y desnudamiento forzado contra una de sus hijas.
