La Justicia santafesina impuso penas de 5 y 11 años de prisión efectiva a dos hombres domiciliados en Rosario, en el marco de una causa penal por la tenencia, el facilitamiento y la producción de material de explotación sexual infantil. El fallo fue dictado por la jueza Griselda Strólogo al término del debate oral, tras la acusación sostenida por el fiscal Diego Meinero.
Uno de los sentenciados, Germán Fernández, recibió una condena de 5 años de cárcel al ser hallado responsable de descargar y redistribuir miles de archivos digitales con contenido de abuso a menores de 13 años. De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, el imputado utilizó el programa de intercambio de archivos E-Mule desde su vivienda en la calle 9 de Julio al 4000. Mediante la red P2P, los contenidos almacenados en su equipo fueron compartidos en aproximadamente 70 mil ocasiones con otros usuarios entre noviembre de 2021 y agosto de 2022. Asimismo, durante un allanamiento llevado a cabo en noviembre de 2022 en el marco del operativo "Luz de Infancia X", los efectivos le secuestraron dispositivos de almacenamiento masivo que contenían cerca de 550 archivos del mismo tenor.
Por su parte, Carlos Ramón Varela, de 65 años, fue condenado a la pena de 11 años de prisión. Si bien la investigación determinó que también incurrió en el facilitamiento de archivos digitales a través de la red P2P desde su casa en la calle Baigorria al 1400 entre 2019 y 2022, la escala penal se elevó al probarse su autoría en la producción de material original de abuso intrafamiliar.
Según se acreditó en la causa, Varela utilizó una cámara fotográfica digital para registrar audiovisualmente episodios de abuso perpetrados por una mujer contra su propio nieto en una vivienda del barrio Plata, en la zona sudoeste de Rosario, en el período comprendido entre 2012 y 2020. Las filmaciones caseras resultaron halladas en un pendrive de su propiedad durante un procedimiento realizado por la ex Agencia de Investigación Criminal en agosto de 2023. Respecto a la mujer involucrada en las grabaciones, fuentes judiciales confirmaron que ya había sido juzgada previamente en un proceso abreviado durante 2025, en el que recibió una pena de 10 años de prisión.
