En el marco de la causa penal que investiga la circulación de medicamentos contaminados producidos por los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). A ambas ex funcionarias se las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales, en una causa que acumula 134 víctimas notificadas, 90 decesos y más de 40 querellas constituidas.

Junto con el procesamiento, el magistrado trabó un embargo de 500.000 millones de pesos sobre los bienes de cada una de las imputadas, fijó la inhibición general de bienes y dictó la prohibición para salir del país, además de la obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal y la restricción de mantener contacto con personal de los organismos sanitarios. Con esta medida, la resolución judicial desplaza el eje de las actuaciones hacia la responsabilidad de las máximas autoridades estatales encargadas de la fiscalización y el control del sistema de salud.

La reconstrucción efectuada por el juzgado determinó que tanto la ANMAT como el INAME contaban con informes técnicos que advertían sobre graves anomalías e incumplimientos en las plantas de producción. Según el fallo de 292 páginas, se verificaron demoras injustificadas y omisiones deliberadas en la emisión de las alertas correspondientes. En el caso de Laboratorios Ramallo, la Carta de Advertencia que disponía la inhibición de sus actividades se firmó el 10 de febrero de 2025, pero su difusión pública se postergó deliberadamente. En tanto, la intimación contra HLB Pharma —que incluía la prohibición explícita de comercialización— permaneció paralizada durante más de cuatro meses en el despacho de Mantecón Fumadó sin ser ejecutada.

En relación con el rol de Bisio al frente de la ANMAT, la resolución judicial remarcó que la ex funcionaria no resultaba ajena a los acontecimientos por la dependencia jerárquica directa del INAME. Kreplak argumentó que la ex titular actuó como "polea de transmisión" de las decisiones políticas, manteniendo una postura pasiva ante las irregularidades e interviniendo en reuniones donde se acordó conceder plazos a las empresas para iniciar correcciones internas en lugar de paralizar la producción. De este modo, la causa suma 15 procesados, contándose entre los restantes a directivos y responsables de las firmas farmacéuticas.