Una docente de 31 años fue aprehendida en la localidad bonaerense de Florencio Varela, acusada de ser la autora material de dos llamados telefónicos que alertaban sobre la presencia de artefactos explosivos en un jardín de infantes.

Las intimidaciones generaron alarma en la comunidad educativa y provocaron la inmediata suspensión de las actividades escolares para evacuar a los menores. La investigación se inició el pasado 2 de septiembre, luego de que la Directora del establecimiento inicial ubicado sobre la avenida Cariboni al 1100 recibiera la primera comunicación intimidatoria. Ante el aviso, las autoridades activaron el protocolo de emergencia convocando a los padres para el retiro de los alumnos y desplegando un operativo preventivo a cargo de efectivos policiales, el Grupo de Explosivos, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, el SAME y la Guardia Comunal.

Al día siguiente, la institución volvió a registrar una llamada de similares características, lo que motivó la intervención directa de la Sub DDI de Florencio Varela bajo las directivas de la fiscalía en turno. Mediante tareas de rastreo e inteligencia sobre las líneas telefónicas utilizadas para concretar las amenazas, los investigadores lograron identificar la procedencia de los llamados y tramitaron una orden de allanamiento para un domicilio situado sobre la calle 9 de Julio al 100.

Secuestro del dispositivo, imputación por intimidación pública y situación procesal

El procedimiento judicial derivó en la identificación de la sospechosa y el secuestro de elementos clave para la causa:

Hallazgo del teléfono y aprehensión: El operativo fue concretado por personal de la Sub DDI con colaboración del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ª. En la vivienda fue aprehendida la docente de 31 años y se incautó el aparato celular desde el cual se habían efectuado las comunicaciones a la institución educativa.

Calificación legal y libertad vinculada: La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 2 avaló las actuaciones policiales y notificó formalmente a la imputada del inicio de una causa penal por el delito de “intimidación pública”. Una vez cumplimentados los recaudos legales, la mujer recuperó la libertad, aunque permanece supeditada a la prosecución de la investigación judicial.