El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N.º 11 de El Bolsón, a cargo de la jueza Paola Bernardini, ordenó suspender de forma provisoria el cobro de las cuotas, intereses y penalidades de dos créditos bancarios solicitados en el marco de una estafa virtual por ingeniería social. La medida cautelar beneficia a un vecino que fue manipulado psicológicamente para tomar dos préstamos —uno de $1.500.000 y otro de $1.642.000— tras un contacto inicial originado por la venta de un producto en la plataforma Marketplace.
El ardid comenzó cuando los delincuentes entablaron comunicación con la pareja del afectado, haciéndole creer que por un error en un supuesto préstamo debía restituirse el dinero. Posteriormente, un falso operador bancario se comunicó con la víctima y, mediante presiones e intimaciones sobre probables embargos y bloqueos de cuentas, lo convenció de gestionar las operaciones financieras y transferir los fondos a cuentas de terceros. Ante el perjuicio patrimonial, el fuero civil rionegrino dispuso frenar las gestiones de cobro judicial o extrajudicial a las entidades crediticias hasta tanto se resuelva la demanda de nulidad por fraude informático.
Mecanismo de la estafa, fundamentos cautelares y pasos procesales
La resolución judicial y las particularidades de la causa presentada ante el tribunal de El Bolsón comprenden los siguientes aspectos clave:
Maniobra de ingeniería social: Los estafadores apelaron al engaño sobre supuestas acreditaciones erróneas y recurrieron al amedrentamiento sobre acciones judiciales para forzar a la víctima a gestionar los créditos y desviar los fondos.
Evaluación del perfil financiero: La magistrada ponderó que los créditos representaban montos elevados obtenidos en un plazo sumamente breve, desatendiendo la conducta transaccional habitual del cliente.
Alcance de la medida cautelar: Se ordenó la abstención inmediata de cobros o débitos por parte de los bancos involucrados para frenar el agravamiento del daño patrimonial, mientras continúa la sustanciación de la causa para fijar la validez de los contratos y deslindar responsabilidades.
