El proceso judicial en torno a una de las causas por presunta corrupción con obras públicas de mayor repercusión institucional en las últimas décadas alcanzó un hito central tras el pronunciamiento del Tribunal Oral Federal N.º 5. Los magistrados dictaron sentencia en el expediente que investigó la maniobra de defraudación en perjuicio de la administración pública y el desvío sistemático de más de 206 millones de pesos —sobre un total aproximado de 900 millones ejecutados entre 2008 y 2011— que habían sido transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la edificación de viviendas sociales a través del programa «Sueños Compartidos».
La resolución de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg se oficializó en los tribunales de Comodoro Py apenas 24 horas antes de que operara el plazo de prescripción de la acción penal advertido por la Fiscalía.
El fallo de la Justicia federal determinó penas de ejecución condicional para los principales imputados pertenecientes a la ex Secretaría de Obras Públicas y a la cúpula directiva de la fundación. El exsecretario del área, José López, y el exsubsecretario Abel Fatala resultaron condenados a la pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso. En tanto, para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados y administradores de la entidad benéfica, el tribunal fijó penas de dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, respectivamente. Como medida resarcitoria complementaria, los magistrados ordenaron el decomiso de la suma de 206 millones de pesos, la cual deberá ser actualizada en función del índice inflacionario una vez que la sentencia quede firme, con el propósito de destinar la totalidad de dichos activos a programas estatales de infraestructura habitacional.
En contraposición a los pedidos de la parte querellante, el tribunal dispuso la absolución del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, al considerar que no se acreditó su responsabilidad penal directa en el esquema de desvío de partidas presupuestarias. La misma resolución exculpatoria benefició al exasesor técnico Carlos Castellano, a Daniel Freidin y a los exfuncionarios de la provincia de Santiago del Estero Daniel Nasif y Karina Nasif. La tramitación del expediente, que se inició formalmente en 2011 a partir de la ruptura entre los apoderados y la titular de la asociación, Hebe de Bonafini —fallecida en noviembre de 2022 tras haber permanecido procesada en la causa—, derivó finalmente en este juicio oral y público iniciado en marzo pasado, marcando el cierre de la primera instancia sobre la trazabilidad de los convenios vigentes durante esa gestión.
