Una exhaustiva investigación impulsada por el fuero federal de Concordia, la segunda urbe en densidad poblacional de la provincia de Entre Ríos, culminó con el procesamiento con prisión preventiva de Sabrina Núñez y Matías Salina. A ambos se los imputó por el delito de comercio de estupefacientes bajo un esquema de distribución y explotación de la vulnerabilidad social. Las actuaciones policiales determinaron que la pareja organizaba diariamente el traslado de trabajadores rurales hacia establecimientos citrícolas para la recolección de naranjas y mandarinas, utilizando dosis de cocaína como medio de pago al finalizar cada turno de trabajo.
El expediente, instruido por el fiscal federal Francisco Bernhardt y tramitado ante el juzgado de la magistrada Analía Ramponi, cobró impulso tras una serie de denuncias anónimas recibidas por la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina (PFA). Frente a la hipótesis inicial de una posible red de trata de personas y narcomenudeo, las fuerzas de seguridad iniciaron tareas de vigilancia sobre el domicilio de los acusados, así como seguimientos sigilosos a la unidad de transporte utilizada para el traslado de los peones hacia plantaciones ubicadas en Chajarí y otros puntos de la cuenca citrícola entrerriana.
El circuito de traslado, las escuchas telefónicas y el operativo de detención
La reconstrucción de la mecánica operativa y las pruebas científicas reunidas en la causa judicial detallan el funcionamiento de la red:
Dinámica de captación y logística: Los acusados recorrían distintos sectores vulnerables de Concordia a bordo de un colectivo particular para reunir entre 20 y 30 cosecheros. Tras llevarlos a las quintas en producción, al término de la jornada laboral les entregaban entre dos y tres envoltorios de sustancia ilegal como contraprestación por sus tareas en el campo.
Prueba testimonial y escuchas: Un avance clave en la pesquisa se produjo a partir de la declaración prestada por un cosechero bajo el régimen de identidad reservada. Esta evidencia permitió judicializar las intervenciones telefónicas a los sospechosos, en las cuales se detectaron conversaciones donde aludían explícitamente al fraccionamiento de la droga mediante códigos como "bochitas".
Diferenciación de la sustancia: Los peritajes determinaron que la cocaína destinada al pago de los peones en el colectivo presentaba un grado de estiramiento y corte mayor en comparación con los envoltorios que comercializaban directamente en su vivienda particular.
Allanamientos y medidas judiciales: La jueza Analía Ramponi dispuso un procedimiento en simultáneo para interceptar el colectivo en plena vía pública y registrar el inmueble de la pareja. En el lugar se secuestraron 60 envoltorios de cocaína ready-to-sell, dinero en efectivo y equipos celulares. Ante el llamado a indagar, Núñez y Salina optaron por mantener el silencio, tras lo cual se les dictó la prisión preventiva —con traslado a la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú— y el traba de un embargo preventivo por más de cinco millones de pesos sobre sus bienes.
