La fiscal del caso Natalia Rivera formuló cargos a cuatro personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y pidió que permanezcan en prisión preventiva. Si bien avaló las imputaciones, el juez de garantías Eduardo Egea rechazó las detenciones y dispuso la libertad de los imputados, con prohibiciones de acercamiento y contacto con testigos durante cuatro meses. 

Ante esa decisión, la fiscal solicitó la revisión, por lo que deberá realizarse una nueva audiencia ante un tribunal de tres jueces o juezas de garantías.

La audiencia se realizó el viernes por la noche, luego de una serie de allanamientos en tres domicilios y dos locales comerciales de Chos Malal, en los que se secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo, armas, municiones y elementos vinculados con la venta de drogas. Cuatro personas habían quedado detenidas tras los procedimientos.

Según describió Rivera durante la formulación de cargos, las cuatro personas investigadas actuaban de manera conjunta y con una distribución de funciones para comercializar cocaína y cannabis en la localidad, al menos, entre el 16 de julio y el 8 de octubre de este año.

De acuerdo con la acusación, uno de los imputados, identificado como A.A.A., proveía las sustancias e impartía instrucciones sobre su pesaje, fraccionamiento y comercialización. Los otros tres imputados, identificados como I.M.N., P.K.S. y L.A.F., también tenían distintos roles vinculados con la tenencia y venta de estupefacientes y con movimientos de dinero mediante billeteras virtuales.

Allanamientos

Durante los allanamientos, en la vivienda de uno de los imputados se encontraron 81,6 gramos de cocaína compactada, mientras que en otro domicilio se secuestraron 185 gramos de cannabis, entre otras cantidades de estupefacientes. También se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos que, según la fiscalía, están relacionados con la actividad investigada.

Rivera atribuyó a las cuatro personas la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautoras, y sostuvo que actuaban de manera organizada y con roles definidos. A uno de ellos, A.A.A, también le imputó la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

El planteo sobre las medidas de coerción

Al solicitar las prisiones preventivas, Rivera señaló riesgos para la investigación, entre ellos la posibilidad de que los imputados accedieran de manera remota a información almacenada en dispositivos electrónicos secuestrados, y la necesidad de entrevistar a personas que podrían aportar datos sobre los hechos. También hizo referencia a testigos cuya identidad debe mantenerse resguardada.

El juez Egea no hizo lugar a las prisiones preventivas y dispuso la libertad de las cuatro personas. Sí consideró que debía garantizarse la investigación, e impuso prohibiciones de acercamiento y contacto respecto de dos testigos identificados, por un plazo de cuatro meses. Frente al rechazo de las medidas de coerción solicitadas, la fiscal pidió la revisión de la decisión.

Clausura

Por pedido de la fiscal del caso, el juez prorrogó por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A, señalada como uno de los lugares utilizados para la venta de estupefacientes. La fiscalía también había solicitado extender la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio, pero esa medida no fue concedida.

Además, se autorizó el embargo de fondos en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F., respecto de quien el juez consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.