El gobierno de Javier Milei ha formalizado una polémica decisión al otorgar el control de una represa hidroeléctrica a Hidden Lake, una empresa directamente vinculada al multimillonario británico Joe Lewis. Esta medida se suma a una serie de acciones gubernamentales previas a las elecciones que han generado sospechas, con un dirigente político allegado a los libertarios sugiriendo que "la están juntando para la campaña".

El acta de adjudicación establece las condiciones de explotación y operación, concretando un contrato que, para muchos, raya en lo irónico: el Estado transfiere una infraestructura clave a una firma con un historial de cuestionamientos por parte de la Justicia, organismos de control e incluso sus propios vecinos.

La represa en cuestión se encuentra en terrenos que son parte del conflicto por el acceso al Lago Escondido, un lago rodeado por miles de hectáreas supuestamente propiedad de Hidden Lake. Esta compañía ha sido objeto de numerosas denuncias, incluyendo una de la Inspección General de Justicia (IGJ) en 2022, que solicitó su intervención judicial y eventual liquidación. La IGJ argumenta que Hidden Lake es una "pantalla" para ocultar al verdadero propietario: Joe Lewis, el magnate británico que desde finales de los 90 adquirió más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad fronteriza, una operación calificada de ilegal por el propio Ministerio del Interior.

Pese a que la empresa declaraba dedicarse formalmente a la actividad agropecuaria, un informe gubernamental de 2023 la tildó de "sociedad ficticia", asegurando que su verdadero propósito es encubrir la apropiación del lago. No es casualidad que "Hidden Lake" sea la traducción de "Lago Escondido".

Lewis, la octava mayor fortuna británica, ha estado envuelto en múltiples escándalos y, de hecho, en abril de este año fue condenado a tres años de prisión en suspenso por uso de información privilegiada en los tribunales de Manhattan. Su adquisición de la idílica zona patagónica infringió la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que restringe la compra de tierras a 150 kilómetros de la frontera a ciudadanos argentinos nativos autorizados.

Para sortear la legislación, Lewis constituyó inicialmente una empresa con accionistas argentinos, HR Properties Buenos Aires SA, que luego se transformaría en Hidden Lake SA, ahora parte de su holding británico Tavistock Group.

El entramado societario de Lewis se caracteriza por actas de directorio vacías, fondos offshore, renuncias en cadena de sus directores, represión privada contra quienes intentan acceder al lago, y hasta el notorio viaje de jueces y fiscales invitados a su estancia. En 2022, Lewis financió una cumbre secreta con magistrados, fiscales, funcionarios y empresarios de medios argentinos, quienes se alojaron en su mansión. Entre ellos se encontraban los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola, cercanos a Macri y que se autodenominaron "huemules" para ese viaje. La logística del encuentro estuvo a cargo de Nicolás Van Ditmar, CEO de Hidden Lake y Patagonia Energía, denunciado por privación de libertad, piratería y sedición.

Hasta ahora, la usina era operada por Patagonia Energía, también propiedad de Hidden Lake y con Van Ditmar como CEO. La hidroeléctrica cuenta con una potencia instalada de 7.2 MW. Es relevante destacar que la usina comenzó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo el programa de Energías Alternativas Renovar, impulsado por el ex ministro Juan José Aranguren. Gracias a su inclusión en este programa, gozó de beneficios. Actualmente, Lewis cobra el megavatio diez veces más de lo que se le paga a la hidroeléctrica de Salto Grande.

Pese a las múltiples denuncias, las consecuencias han sido escasas. La situación evoca la imagen del huemul patagónico, escurridizo y difícil de alcanzar, una metáfora que, para algunos, describe la impunidad en este caso.