El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, una decisión que será oficializada el próximo lunes con su publicación en el Boletín Oficial. Con este paso, el debate sobre ambas normativas se traslada a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno deberá defender su postura para evitar que el Congreso revierta la medida.
Las leyes vetadas y la postura del Gobierno
Las iniciativas, aprobadas por el Senado a principios de julio, buscaban un aumento del 7,2% real para la mayoría de los jubilados y pensionados, así como un incremento en el bono, que pasaría a ser de $110.000 y se ajustaría por inflación. La ley también restituía por dos años la moratoria previsional, lo que permitiría a personas sin 30 años de aportes acceder al haber mínimo.
La postura del presidente Milei ha sido contundente. En varias oportunidades, el mandatario anticipó su decisión de vetar las leyes, argumentando que su aprobación pondría en riesgo el superávit fiscal, al que considera el "ancla" de la economía. "Para proteger el superávit fiscal (...) vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza", afirmó recientemente en una exposición.
La estrategia oficialista en Diputados
Ahora, la Casa Rosada se enfrenta al desafío de conseguir los votos necesarios en la Cámara baja para sostener los vetos. Para revertir la decisión del presidente, se necesita el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes, una mayoría calificada que el Gobierno busca evitar a toda costa.
El oficialismo cuenta con un antecedente desfavorable: la ley de jubilaciones fue aprobada en Diputados con 142 votos a favor. A pesar del receso invernal, el Gobierno se encuentra en negociaciones con gobernadores, buscando su apoyo a cambio de una parte de los Fondos de Asistencia del Tesoro Nacional (ATN), aunque el monto aún no está definido. Los mandatarios provinciales, por su parte, reclaman más recursos y una modificación en la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles.
La falta de una postura unificada incluso entre aliados clave, como el PRO, añade incertidumbre al escenario político, marcando el inicio de una nueva batalla legislativa en torno a las finanzas del Estado y el gasto social.
