La droguería Suizo Argentina, envuelta en un escándalo de corrupción que sacude al Gobierno nacional, no solo está siendo investigada por el presunto pago de sobornos en la ANDIS, sino que también se convirtió en una contratista clave del PAMI, la obra social de los jubilados.

La firma obtuvo 28 contratos en menos de 20 meses de la gestión de Javier Milei. Algunos de estos acuerdos superaron los u$s190.000 y se adjudicaron por el polémico método de "compulsa abreviada", un mecanismo que agiliza los trámites bajo la figura de urgencia.

La trama de corrupción que salpica a la gestión libertaria suma un nuevo y preocupante capítulo. La droguería Suizo Argentina, en el centro de un escándalo por supuestos retornos de dinero, aparece ahora como una contratista privilegiada del PAMI. Según un relevamiento reciente, la empresa de la familia Kovaliker consiguió casi una treintena de contratos en poco más de año y medio, generando fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de estas operaciones.

La lista de adjudicaciones es extensa e incluye desde antimicrobianos por más de $1.132 millones de pesos hasta guantes de examen y medicamentos importados. La mayoría de estos contratos se cerraron a través de la compulsa abreviada, un atajo administrativo que permite obviar el proceso de licitación pública tradicional y que ya es objeto de investigación en el caso de la ANDIS.

Pero el detalle que más indigna es la cronología de los hechos. La última contratación a Suizo Argentina por el PAMI se firmó el 22 de agosto, apenas tres días después de que los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revelaran la presunta mecánica de corrupción. En un claro desaire al escándalo, la obra social de los jubilados siguió haciendo negocios con la firma, en este caso, por una compra de antimicrobianos de casi $45 millones de pesos.

El caso de Suizo Argentina ya ha salpicado a múltiples ministerios, como los de Salud, Defensa y Seguridad. Además, se espera que exdirectores del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, aporten información crucial que podría abrir nuevas aristas en la investigación judicial.

Con contratos que superan los $100.000 millones en menos de dos años, la droguería quedó en el centro de una trama que no deja de expandirse y que ya motivó la apertura de una comisión investigadora en el Congreso.