Fernando Soto, un funcionario clave del Ministerio de Seguridad, sembró dudas sobre la validez de los audios que desataron el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), afirmando que están "compaginados" y fueron "obtenidos ilícitamente", lo que los haría una "prueba inválida".

En medio de una tormenta política que salpica a Karina Milei y a "Lule" Menem, la mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la legitimidad de la prueba que dio origen a la causa judicial. "El audio atribuido a Diego Spagnuolo está claramente armado y compaginado y, de ser real, ha sido obtenido ilícitamente", sentenció Fernando Soto, actual Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad.

Soto, conocido por haber defendido al policía Luis Chocobar, aseguró que cualquier actuación judicial basada en esta prueba sería "insalvablemente nula". Sin embargo, su declaración genera una pregunta incómoda: si el Gobierno considera que se trata de una "operación política" con pruebas inválidas, ¿por qué se decidió desplazar de su cargo a Spagnuolo, el ex titular de la Andis?

Fernando Soto es una de las figuras más visibles y cercanas a Patricia Bullrich. Desde su llegada a la cartera de Seguridad, ha ocupado un rol relevante y no ha dudado en generar controversia. Meses atrás, ya había sido foco de polémica al difundir en su cuenta de X un video de una hinchada de fútbol, afirmando falsamente que se trataba de barras bravas que iban a una marcha de jubilados. Con estos antecedentes, la credibilidad de sus afirmaciones es puesta en duda por sectores de la oposición y del propio oficialismo.