Las áreas técnicas del Poder Ejecutivo están ultimando los detalles para presentar una demanda judicial que frene la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida se activaría si el Senado rechaza el veto presidencial, algo que se prevé que sucederá, ya que los bloques opositores cuentan con los votos necesarios. La estrategia del Gobierno, que busca evitar incrementos de gastos antes de las próximas elecciones, se basa en un argumento central: la ley no especifica de dónde saldrán los fondos para financiar los nuevos desembolsos.
El argumento del Gobierno: el artículo 38
El presidente Javier Milei ya había adelantado que, de ser necesario, recurriría a la Justicia para invalidar la ley. "Si me rechazan el veto, lo voy a judicializar. No tendrá efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había afirmado en una entrevista radial. La principal razón esgrimida por la Casa Rosada es que el proyecto viola el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a cualquier ley que autorice nuevos gastos a especificar las fuentes de los recursos para su financiamiento.
Según el Gobierno, los fondos que se necesitarían para regularizar pagos y actualizar aranceles de las prestaciones por discapacidad no están contemplados en el presupuesto vigente ni en el del próximo año. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto económico de la ley podría ser de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. La judicialización, en este sentido, es una forma de ganar tiempo y no comprometer el objetivo del déficit cero.
Una ley clave para el sector
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que se busca declarar por un período de dos años, prevé una serie de medidas esenciales para el sector. Entre las más destacadas se encuentran:
·Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, ajustados por inflación.
·Financiamiento adecuado de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
·Beneficios tributarios para los prestadores de servicios, con el fin de asegurar la continuidad de las prestaciones.
·Actualización del proceso de certificación y compatibilización de la pensión con el empleo formal, hasta un cierto tope salarial.
Cabe destacar que, mientras se discute esta ley, la administración actual no ha incrementado el nomenclador para los prestadores de servicios desde diciembre del año pasado. Esta situación, sumada al escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha generado un fuerte reclamo en el sector. A pesar de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado un posible incremento en las prestaciones, este no se concretó.
