A más de 40 días del inicio del juicio por las estafas con planes sociales y durante el alegato de cierre, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez afirmaron que el Ministerio Público Fiscal probó la existencia de la asociación ilícita y el fraude contra la administración pública.
Sostuvieron que a lo largo del debate se logró probar que 12 de los 14 imputados integraron una organización piramidal con fines ilícitos que cometió más de 9 mil estafas por un monto histórico superior a los $153 millones que, actualizado, en la actualidad representaría más de $1.162 millones.
En la audiencia de hoy, destinada exclusivamente a la exposición del Ministerio Público Fiscal, Narvaez fue el encargado de explicar y fundamentar cómo se acreditó la teoría del caso: los hechos que fueron anticipados en la apertura y la manera en que la prueba producida durante el juicio los corroboró.
Según se plasmó durante el juicio, entre el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar). Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
Los cobros se realizaron mediante el uso de tarjetas de dédito ajenas, que se otorgaban a beneficiarios de planes sociales del programa específico que en algunos casos prestaban colaboración, pero que en otros ni siquiera sabían del beneficio. En el alegato, Narvaez y Vignaroli recordaron que la maniobra comenzaba con el reclutamiento de los beneficiarios, a quienes luego se les retenía la tarjeta de débito. Estas personas se quedaban con una fracción del subsidio, que en algunos casos rondaba los 49 mil pesos, y el resto se destinaba, afirmó el fiscal jefe Vignaroli, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino. Ambos referentes de la fiscalía explicaron que para cumplir con el reparto, el andamiaje administrativo, los pagos y rendimientos de dinero, intervenía también la asociación. “Mes a mes estaba todo coordinado y cada uno cumplía su rol”, afirmó Narvaez.
Los acusados y la pirámide
El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos presentó al tribunal una estructura delictiva con jerarquías y funciones, de tipo piramidal, con el primer nivel a cargo de los jefes. Allí ubicó a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
La investigación determinó además otros cuatro niveles de participación, y tras el retiro de la acusación, el pedido de absolución y la suspensión del juicio respecto de uno de los imputados, la estructura quedó conformada del siguiente modo:
Colaboradores/as: L.M.G. y J.O
Reclutador/a: I.M.
Recaudadores/as: V.N.H. y V.C.E.
Beneficiados/as por la maniobra: A.A.C. y F.C.R.
Acusaciones
Durante la audiencia de hoy, los representantes de la fiscalía excluyeron a dos de los imputados en el pedido de responsabilidad. Se trata de A.K y L.C.R, a partir de dos aspectos que se comprobaron en el juicio: respecto del primero, se indicó que no estaba en condiciones de comprender la ilegalidad de los actos; y del segundo, que no se logró acreditar su participación. Por esas razones, la fiscalía retiró la acusación que pesaba sobre A.K y pidió la absolución de L.C.R. Cabe recordar que la resolución de la situación de un tercer imputado, J.A, se suspendió por tres meses debido a cuestiones de salud.
Luego, la intervención comenzó con el relato del fiscal Narvaez, quien apuntó: “con todas estas consideraciones de hecho y derecho, insistimos en que se acreditó la existencia de esta estructura piramidal, de esta asociación ilícita, y todas a las personas han formado parte de esta estructura ilegítima, con fines sumamente ilícitos”. También sostuvo que “se acreditó también el fraude a la administración pública, a las arcas de la provincia de Neuquén” y la forma en que se concretó la maniobra, “con la utilización de tarjetas de débito de los beneficiarios”.
“Quedó acreditado a dónde iban los fondos: a las manos de Sanz y Osuna, que lo guardaban en la caja azul para Soiza, y que éste armaba los sobres para los referentes políticos”, describió Narvaez.
Por su parte, Vignaroli centró su intervención en rebatir los argumentos que esgrimirán las distintas defensas, con el objetivo de sostener el pedido de declaración de responsabilidad penal en relación a los delitos atribuidos a cada acusado.
“Las jerarquías de la asociación ilícita no respondían a las jerarquías administrativas”, precisó Vignaroli, y explicó que durante el proceso, las defensas plantearon otras participaciones y otros imputados, pero que en ningún momento se presentaron pruebas al respecto. También confirmó que hay otras investigaciones en curso, pero que en este caso, lo que estaba bajo investigación eran las defraudaciones con el subsidio de desempleo.
Finalmente, los fiscales pidieron al tribunal que declare la responsabilidad penal de todos los y las imputadas por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores, (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal). El planteo incluyó la distinción de que Di Luca, Soiza, Sanz, Osuna y Siengentharler participaron como jefes de esa asociación, por lo que en su caso, la responsabilidad atribuida es mayor.
A los pedidos de la fiscalía se sumó la adhesión de Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado en el proceso.
El juicio comenzó el 21 de julio y se extenderá, al menos, hasta el próximo martes, con el último día de alegatos de las defensas.
El tribunal que dirige el juicio está integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, mientras que además de Vignaroli y Narvaez, el equipo de la fiscalía se completa con las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid.
Condenas previas
El caso tiene otras personas involucradas que resolvieron su situación procesal antes del inicio del juicio mediante acuerdos impulsados por la fiscalía, por participaciones de menor relevancia.
En total, nueve imputados aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a quienes tenían mayor jerarquía en la organización:
-Gustavo Roberto Mercado
-Aarón Escobar
-Carolina Beatriz Hernández
-Pamela Alejandra Rivera
-Gesel Roxana Tarifeño
-Pamela Alejandra Cea
-Rodolfo López
-Adrián Meza Lizama
-Omar Ulises Rodríguez Quezada
Las condenas fueron a 3 años de prisión condicional, cumplimiento de reglas de conducta y el pago de sumas de dinero a instituciones de bien público. En un caso se reparó la totalidad de la suma reclamada. Además, la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará en reclamos administrativos más allá del resultado del juicio penal.
