El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, comenzó a delinear su estrategia judicial en el expediente por supuestas coimas vinculadas a la compra de medicamentos. Un escrito presentado por sus abogados muestra que baraja distintos caminos procesales, aunque por ahora no adhirió al pedido de nulidad planteado por los dueños de la droguería Suizo Argentina, quienes cuestionan la validez de los audios que dieron origen a la investigación.

En su entorno reconocen que Spagnuolo no descarta convertirse en imputado colaborador, aunque para eso primero debería conocer con precisión qué pruebas existen en su contra. El caso sigue bajo secreto de sumario y recién la próxima semana se habilitaría el acceso al expediente.

Mientras tanto, circulan rumores de que el exfuncionario tendría documentación sensible y hasta mensajes de WhatsApp que involucrarían a figuras de alto rango del oficialismo. En los audios filtrados, cuya autenticidad aún no está confirmada, aparecen menciones a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem e incluso al presidente Javier Milei, con quien Spagnuolo mantenía una relación personal y figura como apoderado en algunas causas judiciales.

Por otra parte, los empresarios Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, titulares de Suizo Argentina, pidieron la nulidad del proceso alegando que los audios fueron obtenidos de forma irregular y que la cuestión ya había sido investigada en 2024. Sin embargo, la causa anterior había sido archivada y no contemplaba sobornos, sino contrataciones directas.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi utilizan las grabaciones solo como punto de partida, y ya ordenaron múltiples medidas: peritajes sobre celulares incautados, análisis patrimonial y revisión de documentación administrativa. Hasta ahora, los dispositivos de Spagnuolo y de otros exfuncionarios no aportaron información relevante, aunque persiste la incógnita sobre equipos alternativos o borrados.

En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia por supuesto espionaje ilegal, en la que involucró a medios y hasta a gobiernos extranjeros, mientras que la secretaria presidencial Karina Milei obtuvo una cautelar que prohíbe difundir audios atribuidos a su voz, lo que desató críticas por constituir un caso de censura previa.

La definición sobre eventuales indagatorias, la validez de los audios y la posibilidad de que alguno de los implicados se convierta en arrepentido quedará en manos de la justicia en los próximos días, cuando se levante el secreto de sumario.