Las pequeñas y medianas empresas (pymes) productoras de biodiésel en todo el país detuvieron por completo la fabricación destinada al mercado interno. La medida, que afecta a 25 plantas en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, y La Pampa (incluyendo Pampa Bío en General Pico y Enresa en Catriló), es una respuesta directa al congelamiento de precios regulados que se arrastra desde hace 15 meses.

Los empresarios, agrupados en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), denuncian que son obligados a vender por debajo de sus costos reales, acumulando pérdidas superiores a los u$s 80 millones desde mediados de 2024.

El factor dólar y la pérdida de rentabilidad

El corazón del conflicto es la fórmula de costos. Según Cepreb, la Secretaría de Energía fijó el precio de la tonelada en $1.408.687, mientras que el costo de producción asciende a $1.641.000.

El sector remarcó que más del 90% de sus insumos, como el aceite de soja y el metanol, están dolarizados. Tras las devaluaciones, el mantenimiento del precio fijo ha vuelto la actividad insostenible, ya que la plena aplicación de la Ley 27.640 exigiría un valor de $1.691.000 por tonelada.

Las tres cámaras empresarias responsabilizan directamente a la Secretaría de Energía por el incumplimiento de la fórmula legal, acusándola de priorizar "objetivos macroeconómicos" y el control inflacionario por encima de la sustentabilidad del sector.

Riesgo en el surtidor y alerta laboral

La paralización amenaza el abastecimiento de gasoil en todo el país. Si bien la ley establece un corte obligatorio del 7,5% de biodiésel, este nivel no se cumple desde hace meses, llegando a tocar el 4% en noviembre.

Aunque las plantas no han reportado despidos hasta el momento, los empresarios advierten que si la situación no se corrige, deberán recurrir a suspensiones o vacaciones anticipadas.

Mientras tanto, en La Pampa, la preocupación crece por el futuro de plantas como Pampa Bío y Enresa, que no solo son fuentes de empleo en el interior provincial, sino también piezas clave en la matriz de energías renovables de Argentina. Según cálculos del sector, el ajuste de precios que piden representaría un impacto mínimo en el surtidor, de apenas $19 más por litro, que podría ser absorbido por las refinadoras.