El Gobierno Nacional, a través de una nueva disposición oficial, ha puesto fin a la prohibición total que pesaba sobre la adquisición de fusiles semiautomáticos para usuarios civiles. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, no implica una liberación, sino un cambio de paradigma: la restricción absoluta es reemplazada por un sistema de permisos altamente exigente y fiscalizado por el Registro Nacional de Armas (RENAR).
El nuevo mecanismo de acceso
La resolución, impulsada por la gestión actual y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, permite a los Usuarios Legítimos de Armas (CLU) y a las instituciones de tiro acceder a fusiles semiautomáticos que empleen cargadores desmontables, incluso si superan el calibre .22 LR.
El objetivo es migrar de una prohibición generalizada a un control exhaustivo enfocado en la trazabilidad y la justificación del uso.
Requisitos rigurosos: el perfil del solicitante
El acceso a este tipo de armamento de uso civil condicional no es masivo y está supeditado a la aprobación del RENAR, organismo que ahora consolida las funciones de la extinta ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).
Los interesados deben cumplir con una serie de criterios que demuestran experiencia, necesidad y responsabilidad:
·Experiencia Comprobada: Acreditar una antigüedad mínima de cinco años como Usuario Legítimo de Armas.
·Justificación de Uso: Presentar una declaración jurada que valide la necesidad del fusil, demostrando usos deportivos comprobados, como la representación en torneos nacionales o internacionales.
·Seguridad: Detallar el sistema de almacenamiento seguro y registrado del arma.
·Antecedentes: No registrar antecedentes de sanciones.
Consolidación administrativa
La normativa no solo redefine el acceso a las armas, sino que también reorganiza el marco legal. Al derogarse varias disposiciones anteriores, el RENAR se posiciona como la única autoridad central encargada de fiscalizar la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.
En esencia, la medida busca un equilibrio entre la práctica deportiva regulada y la seguridad, exigiendo la identificación precisa del armamento y la documentación probatoria para cada solicitud.
