La Comisión Bicameral de Investigación sobre el presunto esquema de la criptomoneda $Libra cerró esta semana su etapa probatoria revelando nuevos y concretos indicios sobre el flujo de dinero virtual. La gravedad de los hallazgos ha llevado a legisladores de Unión por la Patria y la Coalición Cívica a solicitar formalmente la denuncia de miembros del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo por obstrucción y "falta de colaboración sistemática".
La ruta del dinero digital: coincidencias confirmadas
El foco de la investigación se centró en rastrear movimientos de billeteras virtuales vinculadas a Mauricio Novelli, uno de los empresarios clave señalados en la trama. La diputada Sabrina Selva expuso que los registros identificados por la comisión coinciden con los patrones de pago que el estadounidense Hayden Davis habría acordado para obtener representación exclusiva del Estado argentino en áreas de inteligencia artificial y blockchain.
Selva detalló la siguiente secuencia financiera:
·Pagos Centrales: La comisión cotejó las transferencias reveladas por el periodista Hugo Alconada Mon ($300.000 y $250.000 mensuales) con los movimientos reales.
·Transferencia Identificada: Una billetera atribuida a Novelli recibió $30.897 el 26 de noviembre de 2024 desde una cuenta asociada a la plataforma Solana.
·Dispersión de Fondos: Tras la recepción, los montos (incluidos los que coinciden con las cifras mayores) fueron redistribuidos a través de múltiples exchanges internacionales (OKX, Binance, Bitget y Bybit), dificultando su rastreo completo.
Estas fechas coinciden con eventos cruciales, como la reunión en la Quinta de Olivos del 21 de noviembre de 2024, que contó con el ingreso autorizado por Karina Milei y la presencia de Novelli y Davis, junto con el presidente Javier Milei. La comisión pedirá oficios a las plataformas de intercambio digital para determinar la titularidad final de esas cuentas.
Denuncias cruzadas contra el Sistema Judicial
El punto más álgido de la jornada fue la votación para reservar denuncias contra dos figuras judiciales clave: el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La decisión se fundó en la "paupérrima actuación" de ambos al rechazar la apertura del expediente y negarse a utilizar la fuerza pública para citar a funcionarios.
El presidente de la Comisión, Maximiliano Ferraro, anunció que se presentarán acciones ante el Consejo de la Magistratura (contra el juez) y ante el Procurador General (contra el fiscal).
“Esta comisión hizo muchísimo más que la propia Justicia. Taiano, en dos meses, hizo muchísimo menos. Les acercamos documentación probatoria y ampliación de los movimientos de billeteras, pero no hubo ninguna colaboración”, sentenció el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Falta de cooperación en el Ejecutivo
La comisión también aprobó la reserva de denuncias contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo por "falta de colaboración sistemática" con el Congreso, al no asistir a múltiples citaciones formales.
Entre los funcionarios en la mira se encuentran:
·Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona.
·Oficina Anticorrupción (OA): Alejandro Melik (titular) y María Florencia Zicavo (jefa de Gabinete).
·Otros organismos: Paul Starc (Unidad de Información Financiera) y Roberto Silva (Comisión Nacional de Valores).
El diputado Juan Marino concluyó que, dada la continua aparición de nuevos elementos, la comisión debe extender su funcionamiento. El informe final está pautado para ser presentado ante el Congreso entre el 16 y el 18 de noviembre, tal como lo informó el presidente Ferraro.
