La reciente legalización de la eutanasia en Uruguay, el primer país de Latinoamérica en sancionar una ley al respecto el pasado 15 de octubre, ha tenido un impacto directo en el debate legislativo argentino. Un nuevo proyecto de ley que busca legalizar tanto la eutanasia como la muerte asistida fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.
La iniciativa fue impulsada por el diputado mendocino Julio Cobos (UCR), quien ocupa su banca hasta el recambio de diciembre. El proyecto contempla dos modalidades de asistencia médica para morir:
1.Eutanasia: Un médico administra directamente la sustancia letal al solicitante.
2.Muerte Asistida (Suicidio Asistido): Un médico proporciona la medicación, pero es el solicitante quien se la autoadministra.
Requisitos rigurosos y estado parlamentario
El texto del proyecto establece requisitos obligatorios para acceder a cualquiera de las prácticas: el solicitante debe ser mayor de edad, argentino o residente con al menos $12$ meses de permanencia en el país. Además, debe padecer una "enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante".
Para garantizar la voluntad informada, el paciente debe haber recibido información completa sobre su pronóstico, incluyendo todas las opciones de cuidados paliativos disponibles.
El proceso exige la presentación de dos solicitudes con un intervalo mínimo de $15$ días, la validación ante un juzgado o escribano, y la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento.
Cobos explicó a Infobae que presentar el proyecto, por tercera vez en su carrera legislativa, es estratégico: "Es una manera de insistir con el tema y lograr que haya una iniciativa nueva que conserve estado parlamentario durante dos años".
Objeción de conciencia y contexto judicial
La propuesta de Cobos incluye la figura de la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que decidan no participar en el procedimiento. Sin embargo, obliga a los centros de salud, tanto públicos como privados, a garantizar el acceso a la práctica si el solicitante cumple con todos los requisitos. Además, impulsa la modificación del Código
Penal para despenalizar a quienes asistan la práctica.
El diputado radical considera que la sociedad argentina ha "madurado y ha reflexionado sobre este tema" y que la ley en Uruguay puede servir de impulso.
"Se trata de un procedimiento que puede resultar en una muerte digna para personas que atraviesan una enfermedad terminal o un sufrimiento constante intolerable," describió Cobos.
El debate legislativo se desarrolla mientras la Suprema Corte bonaerense intercede en el caso judicial de María del Carmen Ludueña, una mujer de $63$ años, postrada desde hace siete por artritis reumatoidea, que ha solicitado acceder a la eutanasia. Sus pedidos fueron rechazados en instancias anteriores in limine, simplemente porque la práctica no está regulada en Argentina, forzando a que su caso se resuelva por vía judicial.
Argentina fue pionera en 2012 con la Ley de Muerte Digna, que habilita a los pacientes terminales a rechazar tratamientos que prolonguen su sufrimiento. Sin embargo, los proyectos de eutanasia dan un paso fundamental al requerir la asistencia médica activa para terminar con la vida.
