El presidente Javier Milei confirmó que la República Argentina está negociando la adquisición de submarinos y buques de patrullaje marítimo con Francia, en el marco de una profundización de la cooperación estratégica bilateral. De concretarse, la operación sellaría el retorno de la capacidad submarina de la Armada Argentina, nula desde el trágico hundimiento del ARA San Juan en 2017.
"Terminamos de tener una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, aseguró Milei en una entrevista con el medio francés Public Sénat.
Modelo de pago contraentrega por la restricción presupuestaria
Fuentes oficiales confirmaron que las negociaciones se desarrollan bajo estricta reserva y presentan un esquema financiero inusual: el Estado argentino no abonaría las unidades hasta su entrega final.
Este modelo de pago contraentrega ha sido adoptado como la única vía viable, dadas las actuales restricciones presupuestarias y el elevado costo del financiamiento externo. La decisión de París de aceptar estas condiciones es poco habitual en este tipo de operaciones de defensa. El Presupuesto 2025, aunque no sancionado, ya contemplaba un crédito plurianual para la “Recuperación Submarina”.
El ministro de Defensa, Luis Petri, había anticipado meses atrás que la recuperación de esta capacidad era "una de las metas estratégicas" de la gestión, citando la importancia disuasiva del armamento.
Alianza estratégica y tecnología naval francesa
La relación bilateral con Francia se ha fortalecido en el último año, con encuentros clave entre Milei y Emmanuel Macron. La negociación apunta a la incorporación de tres submarinos Scorpene de nueva generación de la empresa estatal Naval Group —líder en construcción naval militar y proveedora de naciones con alto desarrollo submarino como Brasil y Chile—. La intención de compra sobre los Scorpene fue formalizada por Petri a fines de 2024.
En cuanto a los buques patrulleros, el Gobierno busca sumar nuevas unidades a la Prefectura Naval, siguiendo el exitoso modelo del contrato anterior por cuatro embarcaciones OPV Clase Gowind.
La decisión final, en manos del Poder Ejecutivo, busca equipar a la Armada en un momento donde las únicas unidades submarinas existentes (el ARA Santa Cruz y el ARA Salta) se encuentran fuera de servicio por reparaciones y entrenamiento.
