El Gobierno nacional ha dado un paso firme hacia la privatización parcial de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la joya que gestiona y opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I y II (Lima, Buenos Aires) y Embalse (Córdoba). Expertos en el área califican la medida como un "desguace" del sector científico-tecnológico, advirtiendo que "nos están llevando al subdesarrollo".
La decisión, amparada en la Ley Bases (Ley 27.742), se formalizó mediante la Resolución 1751/2025 en el Boletín Oficial, que inicia el proceso para ofertar el 44% del paquete accionario de NA-SA. El Estado conservará el 51% y el 5% restante se destinará a los trabajadores, un esquema que se logró tras la negociación parlamentaria, dado que la intención original del Gobierno era una privatización total.
NA-SA: Una empresa estratégica y superavitaria
Hasta fines de 2023, Argentina se mantenía a la vanguardia en tecnología nuclear con proyectos como los reactores Carem y RA-10. NA-SA no solo se encarga del mantenimiento y la gestión de las centrales que proveen el 7% de la energía eléctrica nacional, sino que también planifica el desarrollo de futuras plantas.
Además de su función estratégica, la compañía es rentable. Durante el primer trimestre de 2025, NA-SA obtuvo un superávit de $17 mil millones. A pesar de estos números, la Secretaría de Energía es la encargada de tasar y poner precio a la venta de las acciones.
Pérdida de soberanía: La voz de los especialistas
La principal crítica de la comunidad científica apunta a la pérdida de soberanía tecnológica y la sujeción a intereses externos.
Diego Hurtado, físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, alertó sobre el efecto devastador:
"El sector nuclear es una de las pocas escuelas que logró crear Argentina para el desarrollo de tecnología... el efecto en cadena termina siendo devastador: nos están llevando al subdesarrollo".
Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista y experto en el área, reforzó esta preocupación al recordar que las privatizaciones de los años 90 (como YPF) resultaron en el desmantelamiento de laboratorios, el robo de desarrollos y una disminución de la producción.
Hipótesis detrás de la venta
Los analistas esgrimen tres hipótesis convergentes que explican la urgencia en desmantelar un activo estratégico como Nucleoeléctrica:
1.Presión Geopolítica y del FMI: Existe evidencia de la injerencia de Estados Unidos, que a través del FMI ha solicitado a Argentina acelerar las privatizaciones para sostener la restricción fiscal. La venta de NA-SA se interpreta como un gesto hacia Washington, alineando al país con programas como First (de desarrollo nuclear estadounidense) y paralizando proyectos autóctonos.
2.Ideología y Mercado: La medida responde a la ideología libertaria que prioriza lo privado sobre lo estatal. Sin embargo, los expertos como Malinovsky advierten que, con un Estado debilitado, el sector privado podría fijar precios perjudiciales para la sociedad y paralizar la posibilidad de un proyecto de desarrollo nacional con industria.
3.Búsqueda desesperada de dólares: La venta del paquete accionario es vista como una vía de oxígeno financiero. El Gobierno espera recaudar cerca de u$s1.000 millones, una cifra que, en un contexto de fuerte quema de divisas y contracción de deuda, podría disolverse rápidamente.
Mientras Argentina se desprende de su know-how, el resto del mundo amplía sus capacidades nucleares: China ya opera 57 reactores y tiene 29 en construcción. Ante esto, la oposición en el Congreso impulsó la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, que busca declarar a NA-SA y a otras empresas del sector como bienes públicos estratégicos. Aunque obtuvo media sanción, su tratamiento en el Senado aún no avanza.
