Un nuevo episodio de inestabilidad sacudió a Álcalis de la Patagonia (ALPAT), la única productora de carbonato de sodio de América Latina. Este martes, un grupo de transportistas de Río Negro inició un bloqueo en la planta, impidiendo el movimiento de cargas y exigiendo oportunidades laborales, en un contexto de crisis que afecta a la compañía desde hace tiempo.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro confirmó que evalúa intervenir en el conflicto, una medida que, sin embargo, pone en evidencia la dependencia estructural de la empresa de la asistencia financiera estatal y plantea serios interrogantes sobre la efectividad y la transparencia del manejo de fondos públicos provinciales.
Antecedentes: Despidos y auxilio económico millonario
La protesta de los camioneros ocurre a solo dos meses de un escándalo previo que reveló la "mala fe" denunciada por el sindicato. En septiembre, ALPAT despidió a 41 empleados, apenas un día después de haber alcanzado un acuerdo salarial donde se comprometía expresamente a no realizar cesantías.
Aunque la Provincia dictó la conciliación obligatoria, logrando la reincorporación de los trabajadores, la empresa posteriormente admitió su incapacidad para afrontar los pagos pactados. Esta secuencia de hechos no es nueva:
·Julio: Río Negro debió interceder para desactivar un paro, utilizando un cuantioso auxilio económico.
·Marzo: Se medió en otro conflicto para garantizar un lapso de "paz social" de 60 días.
¿Rescate corporativo o equidad social? El dilema de los subsidios
Estas intervenciones gubernamentales logran posponer un posible cierre inminente, pero ocultan un problema de fondo más grave. La pregunta central que emerge es: ¿cuál es la justificación para seguir inyectando fondos públicos en una empresa que se muestra incapaz de alcanzar la estabilidad económica y operativa, mientras miles de habitantes de Río
Negro enfrentan desempleo y precariedad laboral?
Mientras los transportistas mantienen la protesta, buscando una parte de los escasos contratos, el debate se centra en la continuidad de la política de rescate. La crisis actual no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos, sino que expone las debilidades de un modelo político que parece priorizar el salvataje corporativo por encima de la responsabilidad fiscal y la equidad social.
