Una contundente decisión de la Justicia Federal ha puesto freno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras considerar irregulares e ilegales las masivas suspensiones de pensiones no contributivas aplicadas en todo el territorio argentino.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca dictaminó que el organismo debe restituir todos los pagos retenidos a los beneficiarios afectados en un plazo máximo e improrrogable de 24 horas. La sentencia fue el resultado de una acción de amparo colectivo iniciada por diversas organizaciones de personas con discapacidad, titulares de las pensiones y el Defensor del Pueblo provincial.
La falta de sustento jurídico
El núcleo del reclamo de las asociaciones fue la suspensión repentina de los beneficios a miles de personas desde el mes de julio, sin que se respetaran elementales garantías procesales. Los afectados denunciaron la ausencia de notificación adecuada y la imposibilidad de ejercer su derecho a defensa ante las auditorías médicas implementadas.
Si bien la ANDIS intentó justificar su accionar argumentando que las bajas se basaron en las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024, el tribunal rechazó enfáticamente esta postura.
La clave del fallo radica en que la ANDIS "no acreditó la existencia de actos administrativos individuales" que respaldaran cada suspensión. Esto significa que las interrupciones del beneficio se llevaron a cabo sin una resolución formal ni un procedimiento regular, violando el debido proceso.
Impacto nacional y vulneración de derechos
El juzgado enfatizó que las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser removidas a través de un mecanismo que asegure la defensa en juicio. Al no hacerlo, la agencia vulneró derechos básicos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La trascendencia de esta sentencia reside en su alcance nacional, obligando a la ANDIS a revertir su accionar en todo el país.
El fallo también sirve como una advertencia para el futuro: cualquier revisión o auditoría que el organismo decida realizar deberá adecuarse estrictamente a la normativa, garantizar la transparencia del proceso, asegurar la notificación fehaciente y otorgar el derecho a réplica a los beneficiarios.
Esta controversia legal se desarrolla, además, en un contexto de investigación penal que rodea al organismo, con una causa abierta que indaga al exdirector, Diego Spagnuolo, y otros implicados por presunto manejo irregular de fondos y compras.
