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En su último acto como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó los lineamientos centrales de la reforma integral del Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa, que busca actualizar una ley centenaria, se enmarca en el denominado "Plan Tolerancia Cero" y promete una profunda reestructuración del sistema de cumplimiento de penas.


Acompañada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la ahora senadora enfatizó que el proyecto busca dar una "respuesta a los desafíos del presente", centrada en la protección de las víctimas y el castigo efectivo de los criminales.


Endurecimiento de penas y corrupción

El núcleo de la propuesta se concentra en elevar las sanciones mínimas y máximas para una amplia gama de delitos. Las penas se agravarán especialmente en casos de:

·Homicidios y robos agravados.

·Abuso Sexual y pornografía infantil.

·Narcotráfico y trata de personas.

Un eje central que destacó Bullrich fue el endurecimiento de las penas por corrupción, buscando combatir la impunidad dentro de la esfera estatal. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, reforzó esta postura al señalar que el proyecto viene a "terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes" para pasar a "defender a las víctimas".

Adiós a la prescripción y fin de las condenas cortas

Dos de los cambios más sustantivos de la reforma apuntan a la eliminación del paso del tiempo como excusa para eludir la justicia:

1.Imprescriptibilidad de delitos graves: Se elimina la prescripción para delitos especialmente lesivos como el abuso sexual y el homicidio agravado, garantizando que la justicia pueda actuar sin límite temporal.

2.Cumplimiento efectivo de penas: El proyecto eleva los mínimos penales para asegurar que el 82% de los delitos que hoy resultan en condenas menores a tres años—y que habitualmente no se ejecutan—, sean efectivamente cumplidos en prisión.

Además, las condenas perpetuas se endurecen significativamente, convirtiéndose en prisión de por vida para casos de homicidio agravado, sin alternativas de reducción temporal.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ubicó la reforma como parte de una reconfiguración penal más amplia que incluye la implementación del sistema acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad, asegurando que el plan "responde a un mandato social" en la lucha contra la inseguridad. El proyecto será debatido en las próximas semanas en el Congreso.