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La Haya, Países Bajos – El Gobierno argentino elevó este lunes un pedido de extrema gravedad ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando la intervención "inmediata" del tribunal para emitir una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su régimen.

La denuncia formal fue presentada en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, en La Haya, donde la delegación argentina acusó a la administración venezolana de incurrir en crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión.


Desconocimiento electoral y abusos de poder

Según el planteo argentino, la situación de crisis política y humanitaria en Venezuela se agravó sustancialmente tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Argentina sostiene que, tras desconocer los resultados que la oposición asegura haber ganado, el régimen intensificó la represión estatal.

El Gobierno enumeró una serie de "abusos graves de poder" que caen bajo la competencia de la CPI, incluyendo:

·Detenciones arbitrarias y persecuciones políticas.

·Maltratos sistemáticos contra ciudadanos venezolanos y extranjeros.

·Hechos que configuran un plan sistemático de represión.

Argentina instó a la CPI a actuar de manera "expeditiva" para resguardar la voluntad popular expresada en las urnas y evitar una profundización de la crisis institucional.

Posibles capturas y contexto judicial

La solicitud argentina no solo apunta a Maduro, sino también a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otros mandos militares cercanos al poder. De prosperar el pedido, la CPI podría disponer que la policía internacional (Interpol) ejecute órdenes de detención.

La presentación se sustenta en precedentes judiciales argentinos. Hace un año, tribunales federales del país ya habían reconocido la existencia de un "plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, torturas [y] homicidios" vigente en Venezuela al menos desde 2014, señalando la necesidad de la intervención de organismos internacionales.

La ofensiva diplomática de Argentina se produce en un contexto de creciente presión internacional, que incluye declaraciones intensificadas desde Estados Unidos. Ahora, la atención global se centra en La Haya, donde la Corte Penal Internacional deberá evaluar la contundencia del planteo argentino y determinar el alcance de su potencial intervención en la compleja crisis venezolana.