En lo que fue la última audiencia del juicio de determinación de la pena por el caso por estafas con planes sociales, el fiscal jefe Pablo Vignaroli presentó hoy pedidos de prisión efectiva para todos los condenados y condenadas, haciendo una distinción en los montos según el grado de participación definido en el juicio de responsabilidad.
La que concluyó hoy es una instancia crucial destinada a determinar las penas que deberán cumplir las 12 personas declaradas penalmente responsables por el tribunal.
En el pedido, Vignaroli afirmó que, dada la prueba producida y la decisión del tribunal, se está ante “un delito grave que afectó seriamente a la administración pública”.
Junto al fiscal jefe Vignaroli, el equipo de la fiscalía estuvo integrado por el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara. En representación de la querella por la Fiscalía de Estado intervino el abogado Gustavo Kohon.
Pedidos de pena por parte de la Fiscalía
En esta etapa, el MPF se basó en el veredicto previo, donde los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees declararon la responsabilidad unánime de 12 personas por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Los jueces habían descartado la figura de asociación ilícita que había propuesto el MPF.
En este contexto, y ante las defensas pretendiendo condenas con los mínimos legales o de ejecución condicional, el fiscal jefe Pablo Vignaroli pidió penas de cumplimiento efectivo a todos los imputados, y diferenció entre los coautores y los partícipes primarios (o necesarios).
Para los coautores, quienes desempeñaron un rol central en la maniobra, la fiscalía solicitó las siguientes penas de prisión:
Vignaroli destacó que a tres de los coautores se les solicitó el máximo de la pena, que son 6 años.
Para los partícipes primarios (o partícipes necesarios), la fiscalía solicitó penas desde 3 años y 6 meses hasta 4 años y 8 meses. Específicamente, los pedidos fueron:
Además, el fiscal jefe solicitó la inhabilitación especial perpetua para asumir cargos públicos, accesorias legales y costas del proceso para todos los condenados, como así también el decomiso de bienes registrales.
La maniobra defraudatoria, que consistió en la administración y cobro indebido de asignaciones sociales, se cometió entre septiembre de 2020 y julio de 2022, afectando al erario público por un monto histórico de $153.377.900.
Durante la audiencia también se escucharon las explicaciones de algunos acusados que pidieron la palabra. Uno de ellos pidió disculpas, mientras que el resto dio sus respectivos versiones respecto de los delitos que se probaron en su contra.
Mañana será el turno de las defensas y luego, el tribunal se tomará el plazo ordinario para comunicar su decisión final, la cual deberá moverse en el rango establecido por los pedidos de la fiscalía (penas de cumplimiento efectivo) y las solicitudes que realicen las defensas, posiblemente condenas de ejecución condicional.
Las estafas se lograron mediante el uso de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenía el plástico. Una fracción del subsidio se destinaba al beneficiario (en algunos casos, alrededor de 49 mil pesos), y el resto se dirigía, según la teoría fiscal, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas fueron condenadas por reconocer su participación en tareas complementarias (como retirar dinero de cajeros o cobrar cheques), recibiendo penas de 3 años de prisión condicional.
