El Gobierno Nacional elevó al Congreso un paquete de reformas laborales que incluye la controversial propuesta de eliminar la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista Profesional vigente en Argentina desde 1946. Esta normativa ha sido, por casi ochenta años, el marco regulatorio de las condiciones de trabajo y derechos de los profesionales de la comunicación.
El Presidente firmó la iniciativa inmediatamente después de su regreso de Oslo. Específicamente, el Artículo 194 del capítulo de "Derogaciones" del proyecto de reforma propone dar de baja varias normativas, siendo la Ley 12.908 una de las mencionadas.
La norma en cuestión
La Ley 12.908, promulgada en 1947 bajo el primer gobierno de Juan Domingo Perón, no solo establece el régimen de categorías y el escalafón para los trabajadores de prensa, sino que también consagra derechos y garantías esenciales para la profesión. Entre estas disposiciones se incluye la protección de la libertad de expresión y de pensamiento.
La posible anulación de esta ley genera gran inquietud sobre el futuro de los derechos laborales adquiridos por los periodistas. De concretarse, implicaría la modificación de aspectos clave como el régimen de indemnizaciones, las categorías laborales y otras condiciones de empleo históricamente amparadas por el Estatuto.
Fuerte Rechazo Gremial
La propuesta ha provocado un inmediato y enérgico rechazo por parte de los sindicatos de prensa, que la califican como un "ataque directo" al sector.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) se emitieron críticas contundentes:
·Impacto Laboral: Indicaron que la derogación, impulsada sin un debate previo, afecta tanto al Estatuto del Periodista Profesional como al del Empleado Administrativo de
Empresas Periodísticas.
·Base de Derechos: Sostuvieron que estas normas, establecidas hace ocho décadas, constituyen la "base de nuestros derechos" y son cruciales para defender la estabilidad laboral en el periodismo.
·Mecanismo de Protección: Los gremios resaltan que la ley actual permite a cualquier trabajador de prensa exigir a su empleador que se ajuste a derecho en casos de fraude laboral, ofreciendo mejores condiciones de negociación o reparación.
·Garantía de Independencia: Subrayaron que la protección especial que otorga el Estatuto es fundamental para ejercer la tarea de informar sin ceder a las presiones de intereses económicos o políticos. Finalmente, señalaron que no les "sorprende" la postura del Presidente, dado su público "odio al periodismo".
