En una jornada legislativa atípica, situada estratégicamente entre las festividades de fin de año, la administración de La Libertad Avanza se juega este viernes una carta de supervivencia política en la Cámara Alta. El objetivo del Ejecutivo es taxativo: obtener la sanción definitiva del Presupuesto 2026 sin que se le altere una sola coma. Cualquier modificación obligaría a la iniciativa a retornar a Diputados, un escenario que el Gobierno busca evitar para enviar un mensaje de gobernabilidad y control parlamentario a los inversores internacionales.
El factor mercado y el fantasma del veto
La urgencia por una aprobación "a libro cerrado" nace de la necesidad de previsibilidad financiera. Tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados —donde se dio de baja el capítulo vinculado al financiamiento universitario y de discapacidad—, el presidente Javier Milei llegó a barajar la posibilidad de un veto total.
No obstante, la reacción alcista de los mercados financieros ante la media sanción inicial disuadió al mandatario. El equipo económico entiende que la existencia de una ley de presupuesto, incluso sin ciertos capítulos preferidos por el oficialismo, es preferible a la incertidumbre de no contar con una hoja de ruta fiscal para el próximo año.
Los puntos de fricción: Educación y Ciencia
Bajo la conducción de la senadora Patricia Bullrich, el oficialismo asegura contar con un piso de 44 votos (una amalgama entre el bloque libertario, parte del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales). Sin embargo, la cohesión para el tratamiento "en particular" es frágil. Los cuestionamientos de la oposición dialoguista se concentran en dos ejes centrales:
1.Eliminación de pisos de inversión (Art. 30): La norma propone suprimir los montos mínimos garantizados para Ciencia y Técnica, Defensa y, fundamentalmente, la Educación Técnico Profesional. Este último punto ha encendido las alarmas en los gobernadores del interior, quienes temen que las escuelas técnicas pierdan su sustento nacional.
2.Control y retención de fondos universitarios (Art. 12): Este artículo faculta al Ministerio de Capital Humano a interrumpir el flujo de recursos hacia las universidades que no cumplan con los nuevos estándares de rendición de cuentas e información. La UCR identifica este punto como una herramienta de presión discrecional y lidera la resistencia para modificarlo.
El desafío de la "lealtad parlamentaria"
Aunque la aprobación general parece estar fuera de duda, el oficialismo enfrenta el reto de evitar que el proyecto se "desmeche" durante la votación artículo por artículo. La estrategia de la Casa Rosada es convencer a los senadores de que cualquier alteración técnica retrasaría la ley hasta 2026, debilitando la señal de autoridad que el Gobierno necesita proyectar hacia el exterior.
La sesión de este viernes será el termómetro definitivo para medir si el oficialismo ha logrado domesticar la dinámica legislativa o si las fisuras con la oposición dialoguista volverán a forzar cambios en la agenda del Ejecutivo.
