Un frente común integrado por alumnos, docentes y familias ha judicializado el Presupuesto 2026 tras la aprobación del Artículo N°30, el cual elimina el andamiaje financiero que sostiene a las escuelas técnicas del país. La acción de amparo, radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°11 de CABA, denuncia que la nueva normativa es inconstitucional y vacía de recursos a una modalidad educativa estratégica.
Los tres pilares del ajuste educativo
La demanda pone el foco en las modificaciones estructurales introducidas por el gobierno de Javier Milei, que afectan leyes de financiamiento histórico:
1.Ley de Educación Nacional (LEN): Se suprime la obligación de destinar el 6% del PBI al sistema educativo.
2.Ciencia y Tecnología: Se derogan los parámetros mínimos de inversión fijados por la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
3.Educación Técnica (ETP): Se eliminó el Artículo N°52 de la Ley 26.058, que garantizaba un piso del 0,2% de los ingresos corrientes para la formación técnica.
Impacto presupuestario: Los amparistas denuncian un recorte real del 93% respecto a 2023. De los 322 mil millones de pesos que corresponderían por ley, solo se han asignado 11 mil millones para el ciclo 2026.
Argumentos de la inconstitucionalidad
El colectivo demandante fundamenta su reclamo en cinco ejes centrales que cuestionan la validez jurídica del ajuste:
·Desvío de poder: Sostienen que una ley anual de presupuesto no posee la jerarquía para derogar leyes permanentes que garantizan derechos fundamentales.
·Regresividad: El artículo viola el principio de progresividad, al quitar protecciones y niveles de inversión ya consolidados por el Estado.
·Vaciamiento de derechos: Al eliminar el sustento material (financiamiento), el derecho a la educación se vuelve una promesa formal sin capacidad de ejecución.
·Discriminación: Advierten que la falta de fondos públicos segmenta el acceso a la educación técnica: quienes tienen recursos migrarán al sector privado, mientras que los sectores vulnerables quedarán excluidos.
·Daño irreversible: Las trayectorias educativas no pueden suspenderse sin causar un perjuicio irreparable al desarrollo de los estudiantes.
Próximos pasos judiciales
La Justicia deberá resolver en primera instancia si habilita la feria judicial para tratar el caso de manera urgente. El amparo no solo busca proteger a las escuelas técnicas, sino que reclama la restitución integral de todos los fondos educativos y científicos que el Artículo N°30 eliminó de la legislación vigente.
