Una investigación de Letra P pone bajo la lupa la situación de dos de los seis hijos de Luis Caputo, quienes desempeñan tareas de asesoría para su padre sin nombramientos oficiales ni remuneración estatal. Esta dinámica de trabajo "ad honorem" ha generado una fuerte controversia debido a la falta de información pública sobre sus identidades, sus funciones específicas y los potenciales conflictos de interés con sus actividades en el sector privado.
Opacidad ante los pedidos de información
Frente a una solicitud de acceso a la información pública, el Ministerio de Economía optó por el hermetismo, limitándose a confirmar que dos hijos del funcionario realizan "tareas de colaboración y apoyo" sin horarios ni regímenes de asistencia definidos. La cartera evitó identificar quiénes son los colaboradores, bajo el argumento de que, al no existir un contrato, no corresponde la intervención de áreas encargadas de ética pública o incompatibilidades.
El perfil de los hijos y los riesgos de conflicto de interés
La falta de designación formal exime a estos colaboradores de presentar declaraciones juradas o asentar sus reuniones en registros oficiales, a pesar de tener acceso a información sensible del Estado. Identificar a los asesores es vital debido a sus vínculos laborales actuales:
·Luis Nicolás: Integra el fondo de inversión Invernea S.A., vinculado a negocios ganaderos y financieros.
·Cristóbal: Posee antecedentes en firmas de bolsa como Balanz Capital e Invertir En Bolsa S.A., y ha sido registrado acompañando al equipo económico en reuniones en la Quinta de Olivos.
·Agustín: Se ha desempeñado en estudios jurídicos de renombre que participan en las reformas estructurales impulsadas por el Poder Ejecutivo.
·Santiago: Trabaja en la productora audiovisual Pegsa Group.
Cuestionamientos éticos y legales
Expertos en gestión pública y transparencia coinciden en que esta modalidad de trabajo "paralela" infringe normativas básicas de la Administración Pública Nacional:
·Designación obligatoria: Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público, sostiene que nadie puede ejercer funciones en el Estado, sea gratis o rentado, sin un nombramiento formal que los integre a la nómina de empleo público.
·Acceso a información privilegiada: Al no ser funcionarios, no están alcanzados por la Ley de Ética Pública, que prohíbe el uso de información oficial para beneficios privados.
·Rendición de cuentas: Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, advierte que el Estado no puede ser gestionado como una "empresa familiar" y que el acceso a oficinas y datos estratégicos sin rendir cuentas representa una irregularidad grave.
Desde el Palacio de Hacienda, la respuesta oficial apela a la "buena fe" y a las "buenas costumbres" para descartar cualquier irregularidad, manteniendo el anonimato de los familiares involucrados.
