Mientras el país transitaba las primeras horas del 2026, el Gobierno de Javier Milei activó una de las reformas más ambiciosas y polémicas de su gestión: el DNU 941. A través de este decreto, se refunda la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con facultades que, según diversos organismos de derechos humanos y juristas, desmantelan décadas de consensos democráticos sobre el control del espionaje.
La respuesta no se hizo esperar. Durante la primera semana de la feria judicial, una catarata de amparos ha caído sobre el fuero Contencioso Administrativo Federal, el mismo que recientemente anuló el protocolo antiprotestas de Seguridad.
Los tres pilares de la impugnación del CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) encabezó la ofensiva judicial solicitando la nulidad absoluta de la norma. Su presentación se basa en tres ejes críticos que exponen la profundidad del cambio:
1.Detenciones sin orden judicial: El DNU habilita a los agentes de la SIDE a detener personas en situaciones de "inteligencia" o flagrancia sin necesidad de una orden de un juez ni aviso posterior a la autoridad judicial, rompiendo el esquema básico de garantías constitucionales.
2.El fin de la prohibición del espionaje interno: Al ampliar el concepto de "contrainteligencia", la SIDE podría ahora intervenir en ámbitos sociales y políticos. Esto permitiría a la agencia recolectar e intercambiar información de ciudadanos con dependencias extranjeras o locales bajo una discrecionalidad absoluta.
3.Baja calidad democrática: El organismo cuestiona el uso de un decreto de necesidad y urgencia para legislar en materia penal y de inteligencia, temas que por su sensibilidad requieren un debate profundo en el Congreso.
La UCR y el "Per Saltum": una arquitectura de opacidad
Casi en simultáneo, un grupo de referentes históricos de la Unión Cívica Radical (UCR) —entre ellos Ricardo Alfonsín y Federico Storani— presentó su propio recurso. La preocupación radical apunta a la "arquitectura legal opaca" del decreto.
Advirtieron que el carácter encubierto de todas las actividades de la SIDE impedirá el control de la Comisión Bicameral del Congreso, institucionalizando un régimen de vigilancia sobre la ciudadanía basado en criterios de "oportunidad política" y no en hechos delictivos concretos. Ante la gravedad del tema, los demandantes adelantaron que podrían solicitar un per saltum (salto de instancia) para que la Corte Suprema intervenga de manera urgente sin esperar el recorrido habitual por las cámaras de apelaciones.
El antecedente de la Corte y el "Estado Omnipresente"
Aunque en la Casa Rosada se muestran desafiantes —asegurando que la jurisprudencia de la Corte les dará la razón—, el máximo tribunal ya fijó una postura restrictiva en 2019. En la Acordada 17/2019, los jueces escribieron una frase que hoy resuena en los tribunales:
"Nuestro orden constitucional no prevé un Estado omnipresente destinado a controlar a una sociedad en la que sus habitantes se encuentren bajo un generalizado estado de sospecha".
Un frente judicial múltiple
A las presentaciones del CELS y la UCR se suman las de diputados de la Coalición Cívica y el Socialismo, así como de sectores del liberalismo representados por Yamil Santoro. Todos coinciden en un pedido urgente: una medida cautelar que suspenda la aplicación del DNU hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Con la SIDE nuevamente en el ojo de la tormenta, la Justicia argentina deberá decidir si valida el empoderamiento de los servicios de inteligencia o si pone un freno a lo que los amparistas definen como un retroceso hacia prácticas de vigilancia ideológica que se creían superadas.
