El reciente decreto del Poder Ejecutivo que reestructura el sistema de inteligencia nacional enfrenta una resistencia coordinada en los tribunales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en conjunto con bloques de la oposición y exfuncionarios, ha judicializado la medida alegando que los cambios no solo vulneran la Constitución, sino que otorgan facultades peligrosas a los agentes estatales.
Los ejes del reclamo judicial
La presentación del CELS ante el fuero Contencioso Administrativo Federal exige la anulación total del decreto por considerarlo ilegal y arbitrario. El argumento central se basa en la falta de "necesidad y urgencia", señalando que el Ejecutivo evitó el debate parlamentario al emitir la norma justo tras el cierre de sesiones extraordinarias.
Entre los puntos más polémicos se encuentra la capacidad de los agentes para realizar "aprehensiones", una potestad que los demandantes consideran exclusiva de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se cuestiona que la nueva norma establezca un carácter "encubierto" para todas las actividades de inteligencia, lo que podría derivar en una falta de control democrático y un riesgo para los derechos individuales.
Una lluvia de medidas cautelares
La demanda del CELS no es un hecho aislado. Se suma a un expediente liderado por figuras como Ricardo Alfonsín, Leopoldo Moreau y Federico Storani, quienes advierten sobre una expansión indebida de las atribuciones de la SIDE. A esta ofensiva se añadieron los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Mónica Frade, cuya causa quedó radicada en el Juzgado Nº 4 bajo la dirección de la jueza Rita Alián. En todos los casos, se ha reservado el "caso federal", lo que anticipa que la disputa llegará inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia.
La postura oficial: "Racionalización y Eficiencia"
Desde la Casa Rosada defienden la reforma como un paso necesario para modernizar un sistema que consideran sobredimensionado y obsoleto. El plan del gobierno de Javier Milei propone una división estricta de tareas: el Ministerio de Seguridad se encargará de la inteligencia interna, el Estado Mayor Conjunto de la militar (tras la disolución de la DNIEM), y la Secretaría de Innovación gestionará la infraestructura crítica.
El Ejecutivo sostiene que, al delimitar las funciones y concentrar la Agencia de Seguridad Nacional exclusivamente en la contrainteligencia, se eliminan las "misiones difusas" que históricamente facilitaron la persecución política. Respecto a la facultad de aprehender personas, las autoridades aclararon que es una medida excepcional para proteger al personal en operaciones, asegurando que siempre se dará intervención inmediata a las fuerzas policiales para garantizar el debido proceso.
Por ahora, la justicia deberá decidir si habilita la feria judicial para tratar estas medidas cautelares antes de que los cambios en la estructura de inteligencia entren en pleno vigor.
