El Ejecutivo local dispuso la apertura de un proceso disciplinario contra dos agentes municipales. Se sospecha que utilizaron una unidad de la flota oficial para trasladarse a un destino balneario durante el feriado de Año Nuevo.

La Municipalidad de Bahía Blanca ha puesto bajo la lupa el accionar de dos empleados del Instituto Cultural, tras detectarse presuntas irregularidades en el uso de los bienes públicos. La investigación administrativa surge a raíz de una salida vehicular que, si bien fue autorizada bajo el pretexto de tareas laborales, habría tenido un destino estrictamente personal y ajeno a la función pública.

Cronología de la irregularidad

El incidente se habría originado en la tarde del 31 de diciembre, cuando los trabajadores solicitaron el retiro de un automóvil oficial. El argumento formal esgrimido ante la administración fue el cumplimiento de una actividad institucional. No obstante, las evidencias indican que el rodado fue trasladado hasta la villa turística de Pehuen Co.

Según las averiguaciones preliminares, el vehículo permaneció en la localidad costera durante al menos 48 horas, coincidiendo con las celebraciones de fin de año. Además, se constató que en el viaje participó un acompañante externo que no posee ningún vínculo contractual con la comuna.

Acciones legales y administrativas

Desde el Gobierno de Bahía Blanca confirmaron la puesta en marcha de un sumario administrativo, una herramienta legal interna que busca:

·Determinar responsabilidades: Identificar fehacientemente a los operarios implicados en el retiro y traslado de la unidad.

·Evaluar el perjuicio: Analizar el uso de combustible y el desgaste del patrimonio estatal en actividades recreativas.

·Aplicar sanciones: Dependiendo del resultado del sumario, los agentes podrían enfrentar desde suspensiones hasta la desvinculación de la planta municipal, de acuerdo con el Estatuto del Trabajador Municipal.

Hasta el momento, las autoridades han mantenido bajo reserva la identidad de los sumariados mientras se recolectan las pruebas necesarias, que incluirían registros de carga de combustible y posibles captaciones de cámaras de seguridad en las rutas de acceso a la costa. El caso vuelve a poner en debate la necesidad de mayores controles sobre la logística y el seguimiento satelital de la flota de servicios públicos.