La administración nacional se encuentra en una encrucijada judicial tras la sentencia del juez González Charvay, que exige el cumplimiento inmediato de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pese a la orden de acreditar avances en un plazo de cinco días bajo apercibimiento de sanciones, desde la Casa Rosada sostienen que la falta de recursos presupuestarios impide acatar la medida en su totalidad.
La estrategia oficial: Reformas legales y cumplimiento parcial
Tras una reunión clave entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo dejó trascender que su margen de acción es limitado por la política de "déficit cero". Ante la presión del Poder Judicial, el Ejecutivo baraja dos vías de acción:
1.Nuevo proyecto legislativo: El Gobierno analiza enviar al Congreso una propuesta para modificar la normativa vigente. Esto ocurre luego de que la oposición bloqueara el intento de derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario durante el debate del Presupuesto 2026 en diciembre.
2.Ejecución limitada: En Balcarce 50 admiten que, de verse forzados a actuar, lo harán utilizando los recursos disponibles, lo que implicaría un cumplimiento apenas parcial de lo ordenado por el magistrado.
Los requerimientos de la Justicia
La resolución judicial no solo exige plazos, sino medidas concretas que el Gobierno ha postergado, entre ellas:
·La actualización de los aranceles para centros prestadores correspondientes a enero de 2025.
·Un esquema de pagos para cancelar las deudas acumuladas con el sector.
·La reglamentación de la Ley 27.793, la cual presenta un retraso de tres meses.
·La apertura de mecanismos de refinanciación de deudas a través de la agencia ARCA.
Riesgo de sanciones y reclamo social
El fallo judicial advierte que la desobediencia podría derivar en multas personales y consecuencias legales para figuras centrales del gabinete, como Sandra Pettovello y Manuel Adorni. No obstante, en el entorno presidencial minimizan el impacto de estas posibles penalidades económicas contra los funcionarios.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre las organizaciones de la sociedad civil. Las familias denuncian que la parálisis en los pagos y la desactualización de las pensiones —que en muchos casos se ubican por debajo de los $300.000— comprometen seriamente el acceso a tratamientos vitales y la dignidad de las personas con discapacidad en todo el país.
