En la antesala de las sesiones extraordinarias de febrero, el Gobierno nacional ha decidido elevar la apuesta en el debate sobre la minoridad y el delito. A través de sus principales referentes en Seguridad y Justicia, la gestión de Javier Milei no solo ratificó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, sino que comenzó a sugerir que el piso debería ser incluso más bajo para combatir las nuevas dinámicas del crimen organizado.
Un cambio de época: "El joven de 1980 ya no existe"
Tanto la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, coinciden en que la normativa vigente —que data de hace más de cuatro décadas— ha quedado obsoleta frente a la evolución de la delincuencia.
Los argumentos centrales del Gobierno:
·Uso de menores por bandas: Denuncian que las organizaciones criminales actuales "reclutan" adolescentes aprovechando el vacío legal y la falta de consecuencias penales.
·Conciencia del acto: El Ejecutivo sostiene que los jóvenes de entre 12 y 15 años poseen hoy pleno discernimiento y "dolo" al cometer delitos graves, influenciados por entornos de mayor violencia y narcotráfico.
·Justicia para las víctimas: Cúneo Libarona enfatizó que el sistema actual garantiza la impunidad, permitiendo que menores que cometen hechos sangrientos regresen a la calle de inmediato, perjudicando tanto a la sociedad como al propio adolescente.
Tendencias internacionales y estrategia legislativa
Monteoliva defendió la postura oficial señalando que Argentina se encuentra "rezagada" respecto a otros países que ya han adoptado rangos etarios más bajos para la responsabilidad penal. Según la funcionaria, la discusión real en el Congreso debería oscilar entre los 12 y los 13 años, planteando que la reducción es "clave" para desarticular las estructuras delictivas modernas.
El proyecto, que ya fue incorporado al temario parlamentario, busca establecer una premisa clara: "Delitos de mayores, penas de menores". Con esto, el Gobierno pretende unificar criterios con jueces y fiscales para terminar con lo que definen como un ciclo de "delito e impunidad" que el Estado no puede seguir tolerando.
Claves del proyecto de ley
1.Nuevo piso etario: Fijar la imputabilidad desde los 13 años (con posibilidad de debate hacia los 12).
2.Actualización doctrinaria: Reemplazar el régimen de 1980 por un sistema que contemple la mutación de las bandas criminales.
3.Especialidad: Crear un sistema de justicia juvenil que brinde respuestas rápidas sin ignorar la condición de menor, pero garantizando el cumplimiento de penas efectivas en delitos graves.
