La Procuración del Tesoro de la Nación ha elevado un reclamo formal ante la jueza Loretta Preska, titular del Segundo Distrito de Nueva York, solicitando la interrupción inmediata del proceso de recolección de pruebas (discovery) y rechazando los intentos de declarar al país en desacato. El escrito oficial califica el accionar de los demandantes —liderados por el fondo Burford Capital— como un hostigamiento sistemático que vulnera directamente la soberanía nacional.

Un freno al "rastreo" de activos estratégicos

El conflicto central radica en la etapa de discovery, un mecanismo que permite a los acreedores buscar bienes argentinos en el exterior para un posible embargo. El Estado argentino argumenta que esta herramienta ha sido desnaturalizada, transformándose en una búsqueda "intrusiva y desproporcionada" que excede los límites legales.

Los puntos de fricción señalados por la defensa argentina incluyen:

·Ataque a las reservas de oro: El Gobierno denunció que Burford ha intentado avanzar sobre los activos del Banco Central, los cuales gozan de inmunidad de ejecución y no pueden ser objeto de este tipo de requerimientos.

·Cumplimiento sin precedentes: La Procuración subrayó que, a diferencia de años anteriores donde el país enfrentó sanciones por desacato, desde finales de 2023 se ha entregado un volumen de documentación histórica para demostrar voluntad de cumplimiento.

·Obstrucción económica: El escrito cita declaraciones de los propios demandantes que sugieren una intención explícita de "bloquear" los engranajes de la recuperación económica del país.

Defensa de la inmunidad soberana

Para la administración actual, las solicitudes de información vinculadas a la autoridad monetaria no solo son ilegítimas, sino que afectan las relaciones internacionales y el orden constitucional. El comunicado oficial es tajante: Argentina no permitirá que un proceso judicial se convierta en una herramienta de sabotaje contra el normal funcionamiento del Estado.

La presentación ante el tribunal neoyorquino busca establecer un límite claro a las facultades de los beneficiarios del fallo, ratificando que el país agotará todas las instancias legales para proteger el patrimonio público y frenar pedidos que considera contrarios al derecho internacional.