El reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires ha generado un fuerte sismo en el tablero económico del Gobierno. Con un registro del 3,1% para enero, la cifra porteña no solo marca una aceleración respecto al mes previo, sino que pone en tela de juicio la transparencia en el manejo de las estadísticas nacionales.
El contraste de los números
Mientras el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, intentaba consolidar una percepción de desaceleración proyectando cifras cercanas al 2,5%, el indicador porteño —habitual termómetro de la tendencia nacional— mostró una realidad opuesta:
·Aceleración: El incremento pasó del 2,7% en diciembre al 3,1% en enero.
·Rubros críticos: Los alimentos lideraron las subas con un 4%, seguidos por los servicios con un 3,5%. Por su parte, los productos estacionales experimentaron un salto del 15,8%.
·El conflicto del "nuevo índice": El dato de CABA utiliza la misma base de encuesta de hogares (2018) que el nuevo IPC nacional que el Gobierno decidió cajonear, prefiriendo mantener la metodología de 2004.
Impacto en el relato oficial y presión externa
El salto por encima del umbral del 3% representa un revés estratégico para el Ejecutivo. La promesa de alcanzar una inflación nula para mediados de año parece alejarse, sumando el octavo mes consecutivo de presión al alza en los precios, incluso en un contexto de profunda recesión que afecta al comercio y la industria.
La decisión de no actualizar el índice nacional no solo ha generado dudas en el mercado local, sino que ya activó alertas en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Trascendió que técnicos del organismo solicitaron aclaraciones sobre por qué se frenó la implementación del nuevo sistema de medición, ignorando la sugerencia de realizar un "empalme" técnico entre ambas metodologías para garantizar la transparencia.
El costo de la desinflación
El debate actual no solo gira en torno a la veracidad de los datos, sino al costo social del programa económico. Analistas señalan que, a pesar del enfriamiento del consumo y la pérdida de puestos de trabajo, los precios siguen mostrando una resistencia a la baja que la "contabilidad oficial" intenta matizar mediante el uso de una canasta de consumo que muchos consideran obsoleta.
