El Juzgado Federal liderado por Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otras 18 personas, bajo cargos que incluyen asociación ilícita, fraude contra la administración pública y cohecho. El fallo sostiene que el organismo fue "cooptado" para beneficio privado, desviando fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El esquema: "Infiltración y Retornos"
Según la investigación judicial, la estructura delictiva operaba mediante una conexión entre funcionarios públicos y operadores externos (empresarios de droguerías). Los puntos clave del dictamen indican:
·Jefatura de la organización: El juez identificó como líderes a Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, junto a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
·Mecánica del fraude: Se direccionaron licitaciones hacia empresas específicas (como Profarma y Génesis) mediante "competencias aparentes". Auditorías posteriores revelaron sobreprecios de hasta el 1.960% y brechas de costos que descendieron abruptamente un 838% una vez que terminó la gestión de Spagnuolo.
·Las coimas: La justicia detectó pagos de sobornos en efectivo y el financiamiento de lujos personales. En el caso de Spagnuolo, se probó que una empresa vinculada a Calvete pagó casi 10 millones de pesos a un mueblero por trabajos en la casa particular del funcionario.
Vínculos políticos y "Cerrar filas"
El fallo menciona pruebas obtenidas de comunicaciones donde los implicados hablaban de "alinearse" frente a internas del gobierno nacional.
·Alusiones crípticas: Se citan chats que mencionan a "Caputito" y a "Rioja", sugiriendo que la red de corrupción no estaba aislada, sino que buscaba protegerse dentro del mapa político actual.
·Embargo récord: Ante la magnitud del daño patrimonial, Casanello impuso a Spagnuolo un embargo de bienes por 202.828 millones de pesos.
La génesis del caso: Audios y denuncias
Si bien la causa tomó impulso por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón tras la difusión de audios que sugerían un reparto de retornos (mencionando incluso porcentajes para figuras del entorno presidencial), el juez basó su procesamiento en pruebas materiales, pericias contables y allanamientos a droguerías, dejando los audios en un segundo plano probatorio por el momento.
Un desvío de finalidad pública
Casanello fue tajante al afirmar que la Agencia fue utilizada como una "vía de enriquecimiento". El magistrado advirtió que la investigación no se detendrá aquí, ya que existen indicios de que las complicidades podrían escalar a otros niveles del organigrama estatal, dado el "desenfado" con el que operaba la banda frente a las quejas de otros proveedores.
