En un movimiento legislativo de alto impacto regional, el Senado de México dio luz verde a una reforma constitucional que busca transformar el esquema de trabajo en el país azteca. Con una votación perfecta de 121 sufragios a favor y ninguno en contra, el proyecto impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum avanza hacia la reducción de la carga horaria semanal, que actualmente se sitúa en 48 horas.
Los pilares de la reforma: Gradualidad y protección salarial
A diferencia de cambios abruptos, la normativa propone una transición escalonada para permitir el ajuste de las estructuras productivas. El cronograma establecido es el siguiente:
2026: Año de transición y adecuación para el sector empresarial y los trabajadores.
2027-2030: Reducción sistemática de dos horas por año.
Enero de 2030: Implementación plena del límite de 40 horas semanales.
La iniciativa blinda los ingresos de los empleados al prohibir expresamente cualquier tipo de recorte en sueldos o beneficios como consecuencia del menor tiempo trabajado. Asimismo, endurece las condiciones para el empleo juvenil al vedar las horas extra para menores de edad.
El debate político: ¿Justicia social o pacto empresarial?
Pese al consenso en la votación, el recinto fue escenario de fuertes cruces retóricos. Mientras el bloque oficialista (Morena, PT y PVEM) celebró la medida como una conquista histórica de derechos, la oposición (PAN y PRI) planteó objeciones sobre la velocidad y el alcance de la ley:
Crítica a la demora: Sectores opositores cuestionaron la implementación hasta 2030, sugiriendo que la gradualidad responde a un acuerdo previo entre el Gobierno y las cámaras empresariales en lugar de una urgencia por beneficiar al trabajador.
El problema de la informalidad: Se señaló que, dado que el 55% de la fuerza laboral mexicana opera fuera del registro formal, más de la mitad de la población activa no percibirá los beneficios de esta reforma constitucional.
Próximos pasos legislativos
Tras superar con éxito la Cámara Alta, el expediente ha sido remitido a la Cámara de Diputados. Esta será la instancia definitiva para ratificar la modificación del Artículo 123 de la Constitución, consolidando un modelo laboral que contrasta con las tendencias de desregulación observadas recientemente en otros países de la región, como Argentina.
