El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) ha entrado en estado de asamblea permanente tras denunciar un plan de reestructuración que, según afirman, busca desmantelar las funciones operativas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Bajo la conducción de Graciela Aleñá, la entidad gremial sostiene que el nuevo organigrama impulsado por el Ministerio de Desregulación representa un "retiro explícito del Estado" en la gestión de las carreteras del país.
De la ejecución al control: El cambio de paradigma
La principal preocupación del sindicato radica en lo que el Gobierno denomina "reorientación institucional". Según los informes internos a los que accedió el gremio, el plan consiste en que Vialidad abandone definitivamente la construcción y el mantenimiento directo de las rutas nacionales.
En este nuevo esquema, el organismo dejaría de ser un ejecutor de obras para convertirse únicamente en un ente administrativo dedicado a la planificación y fiscalización de concesiones privadas. "El Estado deja de conservar las rutas y se limita a observar cómo lo hacen terceros", advirtieron desde STVyARA a través de un duro comunicado.
Acciones legales contra el Ejecutivo
La cúpula sindical no se limitó a la denuncia mediática e inició una ofensiva legal mediante el envío de cartas documento dirigidas a figuras clave del gabinete nacional:
·Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación).
·Maximiliano Fariña (Secretario de Transformación del Estado).
La intimación exige que se detenga cualquier medida que tienda a la disolución o desnaturalización de la DNV. Para el gremio, estas acciones administrativas avanzan de forma "autoritaria" contra decisiones previas del Congreso y la Justicia que protegían la integridad del organismo.
Impacto en la seguridad y la soberanía
Desde el sindicato subrayaron que este proceso de "vaciamiento" no solo afecta los puestos de trabajo, sino que pone en jaque la integración territorial de la Argentina. Aleñá calificó la medida como una violación a la Constitución Nacional, señalando que las regiones más postergadas del país serán las principales perjudicadas si el Estado abandona su rol estratégico en la infraestructura vial.
Finalmente, el gremio hizo responsables personalmente a los funcionarios por las consecuencias patrimoniales y de seguridad vial que puedan derivarse de este cambio de funciones, dejando la puerta abierta a nuevas medidas de fuerza y acciones judiciales.
