La corona británica enfrenta uno de sus momentos más oscuros. Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del Rey Carlos III, se encuentra bajo custodia policial en el marco de una investigación por incumplimiento de deberes públicos. Las autoridades sospechan que el exmiembro de la realeza utilizó su posición estratégica en el Gobierno para filtrar información sensible al fallecido magnate Jeffrey Epstein.
El eje del delito: Información de Estado por amistad
La pesquisa, que derivó en allanamientos simultáneos en las residencias de Berkshire y Norfolk, apunta a la etapa en la que Andrés se desempeñaba como enviado especial de comercio del Reino Unido. Según pruebas que habrían surgido de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE. UU., el vínculo entre ambos no era solo social:
·Filtraciones comerciales: Se investiga el envío de correos electrónicos con datos confidenciales sobre acuerdos financieros, incluyendo movimientos entre el Royal Bank of Scotland y la firma Aston Martin.
·Inteligencia geopolítica: Los reportes indican que Epstein habría recibido informes estratégicos sobre naciones asiáticas como China, Vietnam y Singapur, obtenidos por Andrés en el ejercicio de su función pública.
La reacción de Buckingham: Un exilio definitivo
Ante la contundencia de las pruebas y el clamor social, el Rey Carlos III ha tomado medidas drásticas para blindar la institución monárquica:
Despojo total de honores: Andrés ha perdido todos sus títulos reales, incluyendo el tratamiento de "Príncipe".
Degradación de vivienda: Fue desalojado de su residencia habitual y trasladado a una propiedad de menor envergadura en Sandringham, marcando una distancia física y simbólica con la familia real.
Colaboración judicial: Aunque la policía se refirió inicialmente al detenido como "un hombre de 60 años de Norfolk", la confirmación de la identidad ha generado un terremoto político en Londres.
Un legado de sombras
Este arresto representa el capítulo final de una caída en desgracia que comenzó con las denuncias de las víctimas de Epstein. Sin embargo, esta nueva veta judicial eleva el caso de un escándalo de ética personal a un posible delito contra el Estado, poniendo en jaque la transparencia de los manejos diplomáticos de la Casa Windsor durante la última década.
