Un nuevo frente de conflicto salpica al Ministerio de Desregulación y a la Cancillería argentina. La controversia gira en torno a la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad presidida por María Josefina Rouillet, para la capacitación idiomática de funcionarios. La maniobra, que ya enfrenta una denuncia penal, presenta inconsistencias que van desde el volumen de alumnos hasta la veracidad de los servicios ofrecidos.
Los puntos más críticos de la contratación:
·Explosión de matrículas: Sin una explicación oficial clara, el Estado proyectó para 2026 el pago de 132 cursos, una cifra que multiplica por 13 la cantidad de alumnos registrados en 2024, año en que Federico Sturzenegger aún no ocupaba un cargo ministerial.
·Sobrecostos por alumno: El análisis de los pliegos revela un salto presupuestario significativo. Mientras que en 2024 el costo por estudiante promediaba los 400 mil pesos, para el nuevo ciclo la cifra escala a casi 864 mil pesos por cursante, totalizando un contrato de 114 millones de pesos.
·Falsedad en la exclusividad: Para justificar la contratación directa (evitando una licitación pública), la AACI alegó ser el único "centro platino" en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, registros educativos confirman que existen al menos otras dos entidades con la misma categoría en la Capital Federal.
Una relación que sobrevive a los gobiernos
Aunque el vínculo entre la Cancillería y la entidad de Rouillet comenzó en 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri, la relación se ha consolidado durante 2025 y 2026. Llama la atención que, a pesar de que en 2025 la matrícula cayó a solo 10 alumnos debido a una supuesta "reestructuración funcional", el Gobierno decidió renovar y ampliar el presupuesto de manera drástica para el año entrante.
El mecanismo de adjudicación
El proceso se canalizó a través de la plataforma Comprar bajo la modalidad de "Adjudicación Simple por Especialidad". Esta figura legal se utiliza cuando un proveedor posee características únicas que lo hacen insustituible, un argumento que queda debilitado ante la existencia de otras instituciones que brindan el mismo nivel de acreditación internacional.
La Justicia ahora deberá determinar si existe un beneficio indebido hacia el entorno familiar del ministro y por qué se decidió evitar el mecanismo de competencia de precios que rige para las compras estatales de esta magnitud.
