La investigación sobre el polémico vuelo privado del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde Punta del Este, ha derivado en un incidente de gravedad judicial. El juez federal Ariel Lijo, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, dictó una medida de restricción perimetral y de contacto contra Marcelo Grandío, amigo del funcionario nacional, tras la denuncia de hostigamiento presentada por Vanesa Tossi, secretaria de la empresa aérea involucrada.

La decisión judicial prohíbe a Grandío acercarse al domicilio, lugar de trabajo o espacios habituales de Tossi, así como contactarla por cualquier medio, ya sea telefónico, digital o a través de terceros.

Según el dictamen fiscal, la mujer fue blanco de un "patrón de conducta de amedrentamiento" que incluyó llamadas insistentes, mensajes y hasta el envío de una carta documento intimidatoria. El episodio más crítico ocurrió durante la propia declaración testimonial de Tossi, cuando recibió comunicaciones de Grandío en pleno acto judicial, lo que fue interpretado por la fiscalía como un intento directo de afectar la espontaneidad y libertad de la testigo.

En su declaración, Tossi aportó datos que complican la versión oficial del Gobierno. La secretaria ratificó que el costo del traslado fue cubierto por Grandío y no por el propio Adorni, contradiciendo los dichos del Jefe de Gabinete. Además, reveló que el periodista habría presionado a la empresa para evitar la facturación del servicio, pedido que fue rechazado por la firma aeronáutica.

La trama de los pagos, según el testimonio de la mujer y del piloto Agustín Issin Hansen, indica que la vuelta de Punta del Este se facturó a la productora de Grandío por un monto de 3.000 dólares, operación que recién se habría formalizado el 9 de marzo, coincidiendo con la difusión pública del caso en medios de comunicación. El pago se habría realizado en efectivo a través de un intermediario.

Para la justicia, las medidas de protección no buscan sancionar preventivamente a Grandío, sino resguardar la integridad psíquica de una fuente de prueba fundamental y garantizar que la investigación pueda avanzar sin presiones externas. Mientras tanto, el expediente continúa sumando registros de chats y copias de documentos que buscan esclarecer el origen de los fondos y la transparencia del viaje oficial.