En un fallo clave para la política de seguridad nacional, la Justicia dejó sin efecto la nulidad que pesaba sobre la resolución ministerial. Los magistrados consideraron que la norma no vulnera derechos constitucionales y priorizaron el derecho a la libre circulación.
La disputa judicial por el control de la protesta social en Argentina sumó un capítulo definitorio. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo validó el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, diseñado originalmente por Patricia Bullrich y mantenido bajo la gestión actual de Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad.
El revés al fallo de primera instancia
La decisión fue tomada por la Sala III, integrada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán. Con este fallo, se revocó la sentencia previa del juez Martín Cormick, quien en diciembre pasado había declarado nula la resolución 943/2023. En aquel entonces, Cormick argumentó que el Ministerio de Seguridad se había extralimitado en sus funciones, invadiendo competencias que corresponden exclusivamente al Congreso de la Nación.
Sin embargo, los camaristas sostuvieron una postura opuesta. En sus fundamentos, afirmaron que el protocolo no colisiona con preceptos constitucionales ni tratados internacionales, definiéndolo como una "limitación legítima" basada en que no existen derechos absolutos en el ordenamiento jurídico argentino.
El derecho a circular como prioridad
Para el tribunal, el objetivo central de la normativa es resguardar la libertad de tránsito por el territorio nacional. Según el fallo, la resolución busca proteger este derecho sin que sus alcances impliquen una restricción ilegítima de otras garantías involucradas, como el derecho a la manifestación.
Desde el Ministerio de Seguridad celebraron la resolución judicial a través de un comunicado oficial, ratificando que las fuerzas federales mantendrán su intervención operativa para "garantizar el orden y hacer cumplir la ley" en el espacio público.
Un contexto de fuerte controversia
La ratificación judicial llega en un clima de alta tensión política. Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos han denunciado reiteradamente el uso desproporcionado de la fuerza desde la implementación de esta medida en 2023.
Entre los episodios más cuestionados que marcaron la aplicación del protocolo se encuentran incidentes con trabajadores de prensa, manifestantes que sufrieron lesiones oculares graves por disparos de postas de goma y el polémico uso de gases químicos en situaciones que involucraron a menores de edad durante operativos de la Policía Federal. Con este aval de la Cámara, el Gobierno nacional consolida el respaldo jurídico para sostener su esquema de intervención en las calles.
