Un arco plural de diputados nacionales, que incluye representantes de la Coalición Cívica, Unión por la Patria y Provincias Unidas, formalizó una denuncia penal contra la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano. La acusación central apunta a una presunta omisión de los deberes de funcionario público y una gestión selectiva de la evidencia recolectada.

Ejes de la acusación
Los legisladores —entre los que se encuentran Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rodolfo Tailhade, Julia Strada y Esteban Paulón— sostienen que el Ministerio Público Fiscal ha incurrido en dos faltas graves:

Denuncian la "retención indebida" de pruebas fundamentales para el avance del expediente. Según el escrito, esta maniobra priva a las querellas de elementos clave, violando el principio de objetividad que exige la Ley 27.148.

Sostienen que el fiscal actúa bajo criterios "selectivos y discrecionales", alejándose de su obligación de buscar la verdad real.

Críticas a la inacción judicial
El documento presentado resalta la falta de avances sustantivos a pesar de contar con "elementos incriminantes" de peso. Los denunciantes subrayan que la ausencia de imputaciones e indagatorias en esta etapa del proceso configura una clara omisión en el ejercicio de la acción penal.

"Resulta incompatible con la función fiscal que, ante la existencia de pruebas, no se activen las medidas procesales relevantes para determinar responsabilidades", señalaron los parlamentarios de forma conjunta.

La presentación judicial busca que se investigue si esta parálisis responde a una negligencia técnica o a una voluntad deliberada de proteger a los involucrados, obstaculizando el acceso a la justicia de las partes damnificadas.